El fin del IVA ?a 11% en la frontera

Es una decisión positiva, desde el punto de vista de técnica tributaria.

Las recientes reformas a la Ley del IVA revelan, como sucede constantemente en los procesos legislativos, flagrantes inconsistencias entre algunos aciertos y algunas propuestas realmente penosas y poco recaudatorias, como aquélla de gravar la venta de perros, gatos y pequeñas especies (lo que ello signifique) siempre y cuando estos animales se utilicen como mascotas en el hogar (y no para otro fin), así como la venta de sus alimentos.

Sin duda, la homologación del IVA a una sola tasa general de 16%, desapareciendo el régimen de frontera -a la tasa de 11%- resultó altamente positiva. Junto con la eliminación (muy defectuosa, por cierto) del IETU y del IDE, esta reforma a la Ley del IVA constituye la modificación más solvente de la reforma, desde un punto de vista de técnica tributaria.

En octubre de 1991, cuando se homologó el IVA en todo el país a 10%, se contaba con evidencia suficiente para demostrar que dicha reforma no habría de afectar el consumo de las zonas fronterizas. Y así fue: nada pasó.

La carga fiscal en los estados fronterizos de Estados Unidos era mayor en promedio que la de este lado de la frontera, teniendo en cuenta -además- que los impuestos a las ventas en EU generan un efecto en cascada y de que el IVA en alimentos y medicinas se gravaba, desde entonces, a la tasa de 0 por ciento.

En 1995, cuando el IVA aumentó a 15%, ilusamente se pensó que, de volverse a crear la franja y región fronteriza, se habría contado con el apoyo de los legisladores de oposición de los nueve estados involucrados en esa zona. No fue así. Los partidos votarían en bloque y el PRI lograría la apretada aprobación recordada por la célebre roqueseñal.

En realidad, nada justificó este tratamiento diferenciado. Cabe recordar que, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros, la zona privilegiada incluía todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo. No es posible sostener que los habitantes de Los Cabos, La Paz, Ensenada, Cancún o Playa del Carmen pagaran en sus consumos un IVA a 11%, mientras que los de Cuajinicuilapa en Guerrero, de Papantla, en Veracruz, o de Navolato, en Sinaloa, lo hicieran a 16 por ciento.

Adicionalmente, los tiempos para cruzar del otro lado se incrementaron sustancialmente en los últimos años, inhibiendo el número de cruces para ir de compras. Nadie invierte un par de horas en pasar de Tijuana a San Isidro para ahorrase cinco puntos tasa en la compra de unos calcetines.

El consumidor mexicano que compra en EU lo hacía -y lo seguirá haciendo- con independencia de la homologación del IVA. Entiendo que los centros comerciales de Belmopán, en Belice, tampoco habrán de incrementar significativamente sus ventas en enero.

La tasa diferenciada se había prestado ya, a mecanismos de elusión y evasión fiscal, al haberse domiciliado algunas empresas en estas zonas de privilegio para, desde ahí, prestar servicios compitiendo en mejores condiciones que quienes se ubicaban en el resto del país. Nada pasará con esta reforma que no sea contar con un sistema más equitativo, menos costoso de administrar y más recaudatorio.