Derecho al aborto y democracia

La lucha por los derechos de las mujeres nunca ha sido lineal, en ella se entretejen retrocesos y avances. Mientras que, como saben las feministas, los derechos ganados pueden perderse ante un impulso conservador o una crisis económica o social, los logros sólo se consolidan con empeño constante, desde la resistencia ante y contra el orden patriarcal. Hoy, la actuación de la Suprema Corte de Estados Unidos ante la oleada antiderechos en los estados es ejemplo de la fragilidad de lo ganado en medio siglo. En contraste, en México el camino hacia la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en los estados demuestra tanto el valor del trabajo feminista en lo local, como la importancia de no dar por ganados (ni perdidos por siempre) derechos básicos.

En el caso de México en efecto, la lucha por la maternidad libremente elegida, por la justicia reproductiva, enfrentó una andanada conservadora a partir de 2008 tras la sentencia de la SCJN que reconoció la validez de las reformas del 2007 en la Ciudad de México. El camino hasta la despenalización en Oaxaca en 2019 fue largo y pedregoso, sólo despejado por el trabajo de activistas y legisladoras comprometidas.

En este 2021, cuatro estados más han reconocido el derecho a decidir: Hidalgo y Veracruz antes del nuevo fallo de la SCJN contra la penalización total o desproporcionada del aborto, Baja California y Colima después.  Si bien esta determinación de la SCJN, que por fin rebasó en su discusión el formalismo jurídico, sin duda dio un impulso al movimiento hacia la equiparación de derechos para todas las mexicanas, es fundamental reconocer el trabajo de quienes en sus estados se opusieron a la manipulación confesional de la "defensa de la vida" y la persistencia de quienes siguen defendiendo la causa de las mujeres ante congresos reacios al cambio, como el de Quintana Roo.

La combinación de una Corte dispuesta a reconocer el derecho de las mujeres a decidir, y de grupos activistas capaces de impulsar reformas favorables a éstas ha sido crucial en los últimos meses para romper con la inercia conservadora, por lo menos en la ley. Habrá desde luego que dar seguimiento a la instrumentación del derecho a la ILE en cada entidad para asegurarse que no quede en letra muerta ni la frenen prejuicios, estigmatizaciones o abusos de la "objeción" de conciencia por parte del personal médico.

En contraste con estos avances, limitados pero significativos, en Estados Unidos la combinación de una Corte conservadora con gobiernos estatales antiderechos amenaza con menoscabar la autonomía reproductiva de las mujeres, sintetizada en el histórico caso Roe vs. Wade que garantiza el derecho al aborto hasta antes de la viabilidad del producto de la gestación.

Pese a los daños que ya ha causado entre las mujeres de Texas la norma SB8 que prohíbe el aborto después de la sexta semana, la Suprema Corte de EU se negó a bloquearla (como pedía el ministerio de Justicia) y dejó apenas una estrecha vía para cuestionarla ante tribunales locales. Según juristas y activistas progresistas esta decisión no sólo permite que se sigan conculcando los derechos reproductivos de las texanas, implica también aceptar una trampa legal mediante la cual el Estado de Texas elude su responsabilidad (e impide cuestionamientos legales contra sus agentes) al delegarle la "administración" de la ley a "la ciudadanía" (encargada de demandar a quienes infrinjan la prohibición), una especie de "outsourcing" legal, podría decirse. Este precedente resulta tanto más preocupante cuanto que está pendiente la decisión de la Corte acerca del caso con que el estado de Mississippi busca revertir Roe vs. Wade, y en tanto otros estados podrían elaborar, o ya tienen listas, iniciativas semejantes.

Como es evidente, estos ataques contra los derechos de las mujeres minan la democracia y la legalidad. De ahí la importancia de consolidar y ampliar lo que ya se ha ganado.