A través del nuevo sistema de alertamientos, implementado por la Secretaría de la Función Pública, llegó la denuncia anónima vía electrónica —folio 111918/2019, del pasado 13 de noviembre— contra el director general del instituto ­Fonacot, ­Alberto Ortiz Bolaños.

¿La presunta falta? Haber incumplido con la cláusula del XI del contrato que estuvo vigente entre el 1 de agosto y el 15 de octubre entre los acreditados y el instituto, que obliga a la contratación de un seguro por pérdida de empleo. Desde esa fecha —y hasta el momento— está vigente un Fondo de Protección de Pagos, originalmente denominado Seguro Infonacot, cuyo cobro violaría las regulaciones previstas por la ley y los órganos reguladores (la CNBV y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas).

Esa denuncia coincidió con versiones periodísticas que evidenciaron que Ortiz Bolaños contrató a la firma Garza Tello Clyde & Co para la implementación del nuevo esquema de cobertura para los acreditados y que Global Assurance se perfilaba como la nueva proveedora de los servicios, mediante el esquema stop loss.

Fue la gota de derramó el vaso. Ayer, a plana entera, en seis diarios capitalinos, el Infonacot dirigió un mensaje a la opinión pública para responder a la campaña de desinformación. La aclaratoria refiere al plan de austeridad aplicado por la 4T desde hace 11 meses y medio en esa institución de crédito, que se tradujo en una “revisión exhaustiva” de los contratos y los entregables vigentes con proveedores y contratistas.

Muchos de éstos, son plurianuales y en algunos —destaca el texto sin firma— “los precios contratados están claramente excedidos y los representantes leales son sólo prestanombres o amigos de exfuncionarios”. Sin opción de cancelarlos, la directiva del instituto optó por “remediar las irregularidades”, dar vista a las autoridades y denunciar públicamente. “Los costos de esta corrupción eran pagados por los trabajadores”.

El esquema que más perjuicios causó fue el seguro de desempleo, introducido en mayo del 2014. Hasta julio pasado —de acuerdo con la información revelada ayer— generó beneficios a gestores y aseguradoras por 4,693 millones de pesos.

“Es de esperarse que, cuando se afectan intereses de grupos que se benefician con recursos públicos, haya molestia y campañas negras como la que estamos viviendo. El interés público está por encima del interés privado (…) vamos a combatir la corrupción donde se encuentre”, estableció el inusual desplegado, cuya difusión habría requerido 2 millones de pesos.

La reputación no tiene precio. Y el Infonacot no dejó en el aire sus invectivas. Sin matices incriminó a Grupo Dielsale y a la anterior administración —el instituto tuvo a César Martínez Baranda como director general en sexenio peñista—, pues “las aseguradoras reportaron que fueron obligadas a reasegurarse con compañías específicas, a precios excesivos”.

Con esa firma —cuya apoderada legal era Marcela Berenice Roldán Moreno—, el instituto firmó la prestación del servicio integral plurianual de los proceso del seguro del crédito. Vigente hasta el 2020, importa 20.7 millones de pesos, IVA incluido, de los cuales se han pagado 15 millones de pesos de acuerdo con el contrato I-SD-2017-171, cuya cláusula octava establece que su cumplimiento es obligatorio para el prestador del servicio y voluntario para el Infonacot.

Dielsale era la gestora de las coberturas del seguro de crédito, que además de la pérdida de empleo por cualquier causa, incluía una prima por fallecimiento e invalidez e incapacidad. Las coberturas no eran excluyentes unas de los otras.

¿Campaña negra? Hace tres meses, los integrantes del Consejo Directivo y los altos mandos de la SFP y de la STPS recibieron información, vía e-mail, sobre las presuntas irregularidades del Fondo de Protección propuesto por Ortiz Bolaños y el director adjunto de finanzas, Roberto Raymundo Barrera Rivera.

Y es que a mediados de julio, los directivos del Infonacot notificaron de la cancelación de los contratos vigentes con las aseguradoras, luego de que no aceptaran una disminución del factor de prima de riesgo para los créditos, que pasaría de 3.856 al 3.08 al millar a partir del 1 de agosto. Al menos tres compañías —Seguros Argos, Seguros El Potosí y Seguros Azteca– dieron su consentimiento, por escrito.

Ortiz Bolaños informó al Consejo Directivo que El Potosí y Seguros Atlas rechazaron algunas de las cláusulas del convenio modificatorio —en específico, con la aplicación del nuevo factor de prima a las renovaciones de los créditos— y tampoco accedieron a reconocer información del Registro Nacional de Población o del IMSS para validar los reclamos por defunciones. Allí comenzó la bronca…

Alberto Aguirre

Periodista

Signos vitales

Periodista y columnista de El Economista, autor de Doña Perpetua: el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo. Elba Esther Gordillo contra la SEP.