México transita hacia un nuevo modelo penitenciario, en el que participa la Iniciativa Privada, bajo el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APPs), en la construcción y operación de algunos servicios.

Es un cambio de paradigma. Las cárceles pasan de ser un pesado fardo del presupuesto federal a un negocio rentable para las empresas que participan en su construcción y operación parcial y un lugar mucho más digno para internos, custodios, administradores y población flotante que los visita.

Con este modelo se lograrán ahorros por 2,500 millones de pesos al año, que ya no tendrán que ser aportación del erario federal.

El costo de un centro penitenciario bajo este esquema resulta 30% más barato que con recursos federales.

Pero no sólo eso, la participación del capital privado permitirá dotar de servicios de tecnología de punta y servicios en general del primer mundo a los centros penitenciarios.

Es decir, no sólo aumentará la capacidad para eliminar la sobrepoblación, sino que cambiará radicalmente el rostro y operación de los centros penitenciarios.

Penitenciarías: empleo y derrama económica

Además, los centros penitenciarios serán una fuente que generará derramas económicas permanentes.

El cálculo preliminar es que podrían generar una derrama superior a los 4,000 millones de pesos por año en los ocho estados de la República Mexicana en los que se están construyendo.

Se estima que 70 centavos de cada peso de la proveeduría de los nuevos centros penitenciarios se quedarán en cada estado de la República Mexicana.

Los nuevos Centros Penitenciarios permitirán crear 12,000 empleos directos y 24,000 indirectos.

Se crearán 8,500 plazas para personal en los centros penitenciarios.

Del hacinamiento a la modernización

De acuerdo con el subsecretario del Sistema Penitenciario y el oficial mayor de la SPP, Patricio Patiño y Sergio Montaño, respectivamente, el modelo penitenciario mexicano es de vanguardia internacional.

Empresas privadas construyen ocho centros penitenciarios que permitirán la ampliación de la capacidad actual en 20,000 espacios para igual número de internos.

Aunque en virtud de la estrategia de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Genaro García Luna la intención es generar 49,600 espacios, mediante la ampliación de los centros penitenciarios actuales; la transferencia de centros estatales a la Federación; y la construcción de ocho centros penitenciarios.

A la fecha, el sistema penitenciario en México tiene una sobrepoblación que ronda los 45,000 internos.

Y es que la capacidad total es de 187,738 espacios y la población penitenciaria es de 232, 937 internos.

El problema de la sobrepoblación se concentra en cinco entidades federativas: Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Baja California y Sonora.

Y de ese conjunto, el DF registra una participación en el total de la sobrepoblación de 21% y el resto de las entidades, distintas al grupo mencionado, observan un 50 por ciento.

Del total de internos del fuero federal, 70% se encuentra recluido en centros penitenciarios estatales y municipales, lo que agrava los niveles de sobrepoblación.

Los socios del cambio

Las empresas privadas que participaron y fueron asignadas con contratos para la construcción de centros penitenciarios son: Arendal, en Chiapas; Homex, en Morelos, Prodemex, en Durango y Michoacán; ICA, en Sonora y Guanajuato; GIA, en Oaxaca, y Tradeco, en Coahuila.

Todos ellos construirán centros penitenciarios con capacidad de alrededor de 2,520 espacios y en total aumentarán la capacidad actual en poco más de 20,000 espacios.

Todos ellos se sometieron al escrutinio de las máximas autoridades de seguridad nacional y se ajustaron a los lineamientos técnicos para la construcción y adquisición del equipo respectivo.

Además firmaron acuerdos de estricta confidencialidad para no revelar tales especificaciones.

Sin embargo, la seguridad es inalienable y la operación y administración de los centros penitenciarios serán controladas por el gobierno federal y el resto de las actividades, aunque estarán bajo la operación de los privados, se darán bajo la estricta supervisión de las autoridades de seguridad.

CUENTOS VERAS

El golpe a las acciones de Televisa, de casi 4%, reflejó la decepción del mercado por la resolución de la comisión antimonopolios, que no autorizó la operación de compra-venta de 50% de Grupo Iusacell en 1,600 millones de dólares. Sin embargo, la negativa de la CFC es apenas el inicio de una larga lucha legal.

Twitter: @marco_mares