El big data se refiere a la existencia de bases de datos tan grandes, que no pueden ser recopiladas, almacenadas, administradas y analizadas por métodos tradicionales. Estos datos son particularmente valiosos para las empresas y los gobiernos, pues se caracterizan por su volumen, variedad, veracidad y velocidad de acceso.

La aplicación de técnicas de aprendizaje de las máquinas y el uso de métodos de inteligencia artificial generan nuevos retos, y el ámbito de la política de competencia no es la excepción. Las autoridades debaten si los instrumentos analíticos y conceptuales son suficientes para atender las situaciones que derivan del uso de megadatos y plataformas, que son usuarias y generadoras de los mismos. Son varios los cuestionamientos que surgen. Algunos de ellos son los siguientes.

1. El uso de big data requiere, en muchos casos, del uso de instrumentos y equipo relacionado con las telecomunicaciones. Ante ello, la pregunta es: ¿A qué autoridad corresponde el análisis de los mercados digitales? Ex ante, veo difícil responder. La creciente complicación de los modelos de negocios, dificultará la división de tareas entre la Cofece y el IFT.

2. ¿Los datos pueden constituir un mercado relevante? Los antecedentes de otras jurisdicciones indican que la información puede ser considerada el producto relevante.

3. ¿El big data genera barreras a la entrada? La respuesta es incierta. Se debe analizar caso por caso. La tecnología ha facilitado la obtención de datos, y en esa medida es posible que se hayan reducido las barreras, al menos en algunas industrias. No obstante, las autoridades tienen un enfoque más conservador y tienden a considerar que el control de información valiosa puede operar como barrera. Las agencias de competencia visualizan dificultades para replicar bases de datos, carencia de incentivos para compartir información y externalidades de red que fortalecen a los competidores consolidados en sus mercados.

4. ¿Pueden los algoritmos y la inteligencia artificial facilitar la colusión? Al respecto, ha habido casos de uso de plataformas como instrumento para llevar a cabo acuerdos colusivos. Por el momento, no hay casos documentados de comportamiento colusivo desarrollado por la operación autónoma de las máquinas (mediante aprendizaje computacional, autoprogramación o comunicación entre computadoras). Sin embargo, hay indicios de que el uso de software para determinar precios, puede conducir a precios más elevados. Sin duda, en los años por venir habrá discusión intensa sobre si el paralelismo debe ser considerado colusión y sobre la responsabilidad legal por el uso de algoritmos y otros instrumentos.

5. ¿Debemos preocuparnos por la discriminación de precios? Ésta puede mejorar la eficiencia, si permite el acceso de nuevos consumidores a los bienes y servicios. Lo cierto es que si los datos permiten una mayor segmentación, será más complicado para las autoridades utilizar remedios, particularmente los estructurales, como los aplicados en el análisis de fusiones.

6. ¿Ha sido exitosa la intervención de las autoridades? De la revisión de varias fusiones en otros países, en las que las bases de datos han jugado un papel notable en la determinación de barreras o en la definición de mercado relevante, resulta que así como ha habido casos exitosos, también han habido falsos positivos y falsos negativos. Los resultados indican que en algunos casos, las autoridades han subestimado la capacidad disruptiva de nuevos modelos de negocios que han tenido éxito no obstante la carencia inicial de bases de datos robustas.

7. ¿Deben regular o intervenir estructuralmente las autoridades? Esta es la pregunta más difícil. Hay voces internacionales que llaman a la división de plataformas y a obligar al acceso a los datos. Al respecto, lo único que puedo recomendar es revisar la experiencia del caso Microsoft en los Estados Unidos, hace unos 15 años, en el que la autoridad resolvió separar la empresa, pero las complicaciones prácticas llevaron a abandonar la solución.

* Consultor de Ockham Economic Consulting, especializado en competencia económica y regulación y profesor universitario.