El modelo de democracia en México apostó, con mayor seriedad desde su reforma 1989-1990, por confeccionar reglas de competencia política que dieran confianza y alejaran los fantasmas y tentaciones reales de fraude electoral. Por eso el nuevo esquema implicó la creación de un órgano colegiado, avalado por todos los partidos, y sin control total del gobierno.

En su primera versión, el naciente IFE todavía no estaba separado del todo, funcionalmente, de la mano gubernamental. Cuando se instaló en 1990 lo presidía el secretario de Gobernación, aunque las sesiones y decisiones eran en debates abiertos y con aval mayoritario de seis “consejeros magistrados” apartidistas.

Consolidar la frontera divisoria para separar cualquier elemento formal de control por parte de los gobiernos en turno respecto de la organización de elecciones, fue ganando terreno hasta que en 1996 el árbitro electoral fue conformado completamente por consejeras y consejeros ciudadanos, no partidistas y no dependientes ni subordinados del presidente. Gobernación quedaba fuera de la integración del árbitro que desde entonces era un órgano del Estado, pero autónomo.

Un año después, en 1997, vino la primera elección de jefe de Gobierno en la Ciudad de México y estuvo a cargo de ese árbitro que ya gozaba de autonomía plena y que, además, estaba obligado a garantizar la aplicación de candados de confianza diversos. Los resultados favorecieron a un líder histórico para la entonces oposición de izquierda y desde entonces esa alternancia local se replicó a nivel federal en el año 2000 y en los últimos 20 años ha visto cómo en cuatro elecciones presidenciales se han concretado tres alternancias de partidos distintos al que ocupaba el poder presidencial.

Con algo de amnesia, la autonomía del árbitro electoral ha sido descalificada por algunas voces argumentando que asumen necesario e incluso legítimo (no lo es) devolver a los gobiernos en turno distintas actividades que han dado estabilidad política a las contiendas electorales, por ejemplo, el padrón depurado y verificado o la existencia misma de árbitros nombrados por un órgano autónomo para comicios locales. En cambio, esas mismas voces piden que los árbitros locales se designen dependiendo de quién tenga mayoría en el Congreso local, y que el nacional sincronice o tenga rotación en su presidencia cada que termine una elección federal y que eso lo decida el ánimo de la fuerza mayoritaria.

La autonomía del árbitro no es una frivolidad o moda, sino un arreglo institucional que atendió reclamos y luchas de millones de mexicanas y mexicanos. Defender esa autonomía les conviene a todas las fuerzas y partidos, porque los resultados recientes nos dicen que las elecciones se organizan bien, que las elecciones que se han conducido desde un instituto que no depende orgánicamente del gobierno, es una apuesta favorable para hacer valer la voluntad popular. La crítica y autocrítica es siempre válida en democracia, el tema no es endiosar a las instituciones ni pretender que el Congreso no designe lo que la ley le mandata designar, sino evitar que se destruyan aspectos sustantivos en cuanto a las reglas de confianza, y una clave para acotar eso es desvincular al gobierno en turno —sea cual sea su color— de la vida interna que rige al órgano que organiza las elecciones.

La lógica era y es simple, el partido que gobierna en un momento determinado, compite periódicamente para renovar o no su permanencia y eso, después de la traumática elección de 1988, hubo un punto de inflexión en favor de que los gobiernos no fueran juez y parte en cuanto a la conducción de comicios. De ahí la importancia de mantener las bases de autonomía electoral.

Lo que sí funciona, y que más allá de la retórica política acredita resultados de imparcialidad, no debe alterarse ni satanizarse desde el propio poder político.

Consejero del INE.

Marco Antonio Baños

Consejero del Instituto Nacional Electoral

Columna invitada

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