Una por una van saliendo todas las contradicciones de las declaraciones 3de3 de los funcionarios. Si alguien se preguntaba hace unos meses para qué servía que los políticos hicieran públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses la respuesta la tienen la senadora y presidente del PRD, Alejandra Barrales, y el secretario de Gobierno del Estado de México, José Manzur, por citar los escándalos más recientes: para evidenciar las contradicciones y las mentiras.

El Sistema Nacional Anticorrupción, con todos sus aparatos burocráticos y sus buenas prácticas, no van a funcionar si no hay una sociedad civil dispuesta a investigar, sea a través de medios de comunicación, ONG, observatorios o universidades, si lo que dicen los funcionarios es verdad. Todo sistema burocrático tenderá a proteger a estos últimos. Ésa es la lógica; es una cuestión que va más allá de voluntades políticas. Si no hay un factor externo que presione y exija, los nuevos funcionarios del Sistema Nacional Anticorrupción van a quedar atrapados en las lógicas de la burocracia y el poder, tal como ha sucedido con tantas y tantas instituciones, desde las Contralorías hasta la Secretaría de la Función Pública que, hay que recordar, nos la vendieron como una institución que acabaría con la corrupción (basta citar a los tristemente célebres peces gordos de Fox).

Fiscalizar a nuestros políticos y exigirles cuentas sobre el origen de su dinero no sólo es un derecho de los ciudadanos sino un paso fundamental para erradicar la corrupción. Sin embargo, esto no va a suceder hasta que la declaración patrimonial no se cruce con la fiscal. Es decir, los políticos nos seguirán mintiendo a los ciudadanos mientras ello no tenga consecuencias y la única manera de que las tenga es por la vía del fisco.

Para ello es necesario dotar de una verdadera independencia al Servicio de Administración Tributaria (SAT): que sea una institución de Estado y no de Gobierno; que represente a los intereses de todos los mexicanos que pagamos impuestos y no del Gobierno en turno que decide a quién se fiscaliza y a quién no. Cada sexenio hay uno o dos empresarios que van al bote por evasión y un par de personajes de la farándula que son exhibidos por no pagar sus impuestos completos, pero nunca se ha perseguido a ningún político, a pesar de ser candidatos naturales.

El día que el SAT persiga a políticos y empresarios corruptos, que se fiscalice a los funcionarios y se exija que la declaración patrimonial coincida con la fiscal y ambas tengan relación con los ingresos reportados, daremos un gran salto en el combate a la corrupción. Por lo pronto hay que seguir escarbando y revisando una por una las declaraciones ?3de3 de cada político y funcionario hasta obligarlos a que, al menos, digan la verdad.

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