Al advertir que el grupo de inversionistas representado por la firma de abogados Hogan Lovells posee más de 50% del monto de los bonos emitidos para financiar al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), queda implícito que pueden propiciar el class action, una vez que se formalice la cancelación de la obra.

Un class action es un derecho de mayorías para ponerse de acuerdo y presentar un frente común, explica Jorge Guadarrama, socio de Infraestructura en el despacho de abogados Baker Mckenzie.

Esta mayoría era necesaria para detonar las distintas obligaciones por parte del gobierno por incumplimiento, en caso de llevarlo a tribunales de Nueva York, una vez que se cancele formalmente la construcción del proyecto, consigna.

En entrevista, dice que el problema en este momento es que no se ha completado el acto del gobierno que detone la cancelación o revocación de las concesiones. “Por ahora estamos en el limbo donde el gobierno quiere acordar, aún no anuncian nada respecto del Fibra E, que es otra especie de financiamiento que también apoya a la construcción del NAIM (...) Sólo han ofrecido la recompra de títulos por 1,800 millones de dólares sobre los 6,000 millones emitidos”.

Una vez formalizada la acción de cancelación de la construcción del NAIM, “estaríamos en un escenario de amortización anticipada obligatoria”. Independientemente de cómo se resuelva el asunto, con una negociación, o bien, en litigios, a partir de ahora los inversionistas exigirán una garantía, además de un mayor premio por tomar los títulos, para cualquier contrato de emisiones de México, asevera.

Desde su perspectiva, “el tiempo está corriendo en contra del gobierno, que tiene que presentar el 15 de diciembre el proyecto del presupuesto para el 2019”.

Al estar el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México respaldado por el gobierno federal “éste deberá mejorar su oferta de recompra, de modo que no se vea afectado el presupuesto del año entrante”.