¿Se puede procesar a los agentes del ICE por los tiroteos de Minneapolis?

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dispararon y mataron a dos ciudadanos estadounidenses en distintas acciones de control en Minneapolis este mes como parte de la acción del presidente Donald Trump contra la inmigración.

Los funcionarios locales han disputado las afirmaciones de los funcionarios de la administración de que los disparos fueron actos de defensa propia, citando videos de transeúntes que parecen contradecir las cuentas del gobierno.

Posibles repercusiones legales

Conoce a continuación, seis posibles repercusiones legales para los agentes:

1. ¿Qué ocurrió?

Un agente del ICE disparó a Renee Good, de 37 años, en su coche el 7 de enero. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el agente había efectuado "disparos defensivos" después de que Good intentara atropellarle, aunque los videos en línea del tiroteo verificados por Reuters ponen en duda la versión del gobierno.

Los agentes del ICE dispararon a Alex Pretti, de 37 años, en otro incidente ocurrido el 24 de enero. El DHS dijo que Pretti se acercó con una pistola y se resistió violentamente a los intentos de desarmarle, aunque videos de transeúntes verificados por Reuters muestran a Pretti -que según el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, portaba una pistola legalmente- sosteniendo un teléfono mientras intenta ayudar a los manifestantes a los que los agentes empujaron al suelo.

2. ¿Qué dice la ley?

La ley de Minnesota sobre el uso de la fuerza permite a la policía estatal utilizar la fuerza letal sólo si unos agentes razonables creen que es necesario hacerlo para protegerse a sí mismos o a otros de la muerte o de daños graves.

La ley federal tiene una norma similar, que permite el uso de la fuerza letal cuando un agente razonable tenga motivos fundados para creer que una persona representa una amenaza inmediata de muerte o lesiones graves.

3. ¿Se puede procesar a los agentes?

Por lo general, los agentes federales gozan de inmunidad de jurisdicción estatal por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones oficiales. La inmunidad sólo se aplica cuando las acciones de un agente están autorizadas por la legislación federal y son necesarias y adecuadas.

Si Minnesota acusara a los agentes, éstos podrían trasladar el caso a un tribunal federal y alegar que gozan de inmunidad judicial. Para prevalecer, el Estado tendría que demostrar que sus acciones estaban fuera de sus funciones oficiales o eran objetivamente irrazonables o claramente ilegales. Si un juez dictaminara que un agente es inmune, el caso quedaría sobreseído y el Estado no podría volver a acusarle.

4. ¿Pueden los fiscales federales acusar a los agentes?

Los fiscales federales pueden acusar a los agentes de las fuerzas del orden por disparos mortales, pero el listón está muy alto y las acusaciones son poco frecuentes. Los fiscales tendrían que demostrar que un oficial sabía que su conducta era ilegal o actuó con desprecio imprudente por los límites constitucionales de su autoridad, lo cual es difícil de probar en los tribunales. La administración Trump ha defendido hasta ahora la actuación de los agentes.

5. ¿Qué defensas tendrían los agentes de ICE?

Además de la inmunidad federal, los agentes podrían alegar que sus acciones fueron razonables según la Constitución, que actuaron en defensa propia o que no actuaron con intención de dañar o matar a las víctimas.

6. ¿Podrían los familiares de las víctimas interpones una demanda civil por daños y perjuicios?

Los funcionarios federales gozan de inmunidad frente a demandas civiles a menos que su conducta haya violado claramente un derecho constitucional establecido. Esta norma jurídica, conocida como inmunidad cualificada, se ha convertido en una herramienta muy eficaz para proteger a los agentes de policía acusados de hacer un uso excesivo de la fuerza, según reveló en 2020 una serie de reportajes de investigación de Reuters.

Sin embargo, las víctimas también pueden demandar al gobierno federal para obtener una indemnización cuando sus empleados causan daños financieros o corporales en el curso de su trabajo.

Esto está cubierto por la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios de 1946, una excepción a una doctrina legal llamada inmunidad soberana que normalmente protege al gobierno federal de las demandas.