Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela se opusieron a que la declaración de la Cumbre Celac-UE, denominada la Declaración de Santiago, incluyera el compromiso de los países latinoamericanos a garantizar la seguridad jurídica de las inversiones.

Necesitamos socios, no patrones de los recursos naturales , afirmó el presidente boliviano, Evo Morales, al reiterar su oposición a algunos puntos de la Declaración de Santiago, principalmente el décimo y decimoprimero, relativos al libre comercio y el proteccionismo.

Se debe poner fin al colonialismo interno y externo de países que están saqueando los recursos naturaleza de América Latina, insistió Morales.

Bolivia no estaba de acuerdo en colocar un punto que diga que los países latinoamericanos se comprometen a garantizar una seguridad jurídica para las inversiones , afirmó la ministra boliviana de Comunicación, Amanda Dávila.

Ese tema es un asunto de soberanía, de decisiones políticas , dijo y agregó que finalmente llegaron a una redacción que ha estado para satisfacción de los dos bloques.

Según dijo Dávila, entre los países que se opusieron a esa redacción se encuentran Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela, todos ellos miembros de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), así como Argentina.

Finalmente, el texto de la declaración sí deja claro que las dos regiones reconocen la importancia de marcos reguladores estables y transparentes que proporcionen certidumbre legal para los operadores económicos .

Además, los mandatarios expresaron su respaldo a las inversiones y el comercio internacional como fuente de desarrollo sostenible, pero la declaración también reconoce el derecho de los países a legislar en esa materia.

En la declaración, a la que finalmente se adhirieron los países ALBA y Argentina, los países se comprometen a mantener un clima favorable de inversiones, con seguridad jurídica y respeto del derecho nacional e internacional

El año pasado se produjo una oleada de nacionalizaciones en América Latina que en Argentina y en Bolivia afectaron a capitales españoles, mientras que en Venezuela se han expropiado empresas de origen estadounidense, español y francés.

Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica