Sidney. Cuando en la Unión Europea y Estados Unidos los partidarios de las políticas antiinmigración tienen el viento en popa, Australia se ufana de sus controvertidas medidas draconianas que le permitieron disuadir a los migrantes de intentar llegar a sus costas.

Los conservadores en el poder adoptaron una línea dura hacia los migrantes hace cinco años, lo que les valió aplausos y fuertes críticas.

Hasta entonces los migrantes originarios de Afganistán, Sri Lanka u Oriente Medio zarpaban desde Indonesia para llegar casi a diario a las costas del norte de Australia.

Unas 1,200 personas murieron ahogadas. El gobierno australiano optó, para luchar contra los traficantes de seres humanos y disuadir a los migrantes, por la tolerancia cero.

Los barcos eran sistemáticamente rechazados por los buques de la Marina de guerra australiana y las operaciones en altamar estaban rodeadas del mayor secreto.

Los que lograban a pesar de todo llegar a Australia eran enviados a campos de retención en el Pacífico, en Naurú o en Papúa Nueva Guinea. Incluso si una solicitud de asilo se consideraba fundada, no eran aceptados en territorio australiano.

Esta política tuvo éxito. La cantidad de llegadas se redujo a casi nada. Pero en la Unión Europea y en Estados Unidos, algunos toman a Australia como ejemplo.

La presidenta del partido de ultraderecha francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen, el nacionalista británico antiinmigración Nigel Farage o el nuevo ministro de Interior italiano Matteo Salvini, citaron en algún momento el modelo australiano.

La ONU denunció una política “punitiva” hacia los migrantes que “socava sus derechos humanos”.

El campamento de la isla Manus, en Papúa Nueva Guinea, cerró sus puertas tras ser considerado anticonstitucional por la justicia de ese país. Sus 600 ocupantes fueron enviados a tres centros de tránsito.