“La filosofía del proteccionismo es una filosofía de guerra”. Ludwig von Mises.

A unos días de que venza el plazo de prórroga para la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos hacia México, siguen surgiendo dudas sobre la certeza o no de su aplicación, así como sobre el efecto que estas medidas podrían tener tanto en la renegociación del tratado de libre comercio el próximo año como, específicamente, en las empresas exportadoras mexicanas de distintos sectores.

Es importante recordar que el discurso arancelario del gobierno norteamericano responde a distintas lógicas, no necesariamente a una estricta visión económica. En su narrativa, la administración del presidente Trump sostiene que la imposición de aranceles busca propiciar la repatriación de empresas y, consecuentemente, de empleos hacia Estados Unidos, con el objetivo de recuperar su posición en la fabricación de bienes. Sin embargo, en los hechos, esa presunción es extraordinariamente difícil de materializar.

Estados Unidos perdió su dinamismo en el sector manufacturero hace ya varias décadas, aunque no desde una perspectiva negativa. Al propiciar que las empresas estadounidenses fabricaran productos en otras partes del mundo —especialmente en China—, el país pudo concentrar su actividad primordial en el sector de servicios, que genera mucho mayor valor para su economía. Al hacerlo, reconoció por un lado su pérdida de competitividad manufacturera, pero, por el otro, evitó realizar las inversiones que China sí llevó a cabo para desarrollar una infraestructura capaz de sostener una economía centrada en la manufactura.

A diferencia de China, Estados Unidos no ha realizado inversiones significativas en infraestructura carretera, portuaria o ferroviaria, indispensables para una economía basada en la producción de bienes. Esto, sumado a la pérdida de competitividad y productividad, así como al elevado costo laboral estadounidense, hace virtualmente imposible que se cumpla la promesa de una recuperación masiva de empleos en el sector manufacturero derivada del retorno de empresas al país.

Desde hace ocho años, y particularmente durante la primera administración de Trump, los aranceles han sido utilizados como mecanismos extremos de negociación y de presión política y económica para lograr ventajas en otros ámbitos que el gobierno estadounidense busca frente a distintos países. En el caso de México, los aranceles han servido como instrumento de presión para inducir acciones específicas en materia de seguridad y control migratorio. Aunque ha habido avances en esos temas, desde la óptica de Estados Unidos no han sido suficientes, por lo que las presiones continuarán. No obstante, es probable que se conceda una nueva prórroga en la aplicación de los aranceles o que su implementación sea parcial y dirigida únicamente a ciertos productos considerados estratégicos por Estados Unidos.

La proximidad de la renegociación (ya no revisión) del tratado comercial de América del Norte hace previsible que la amenaza arancelaria se utilice como herramienta para obtener condiciones más favorables. Sin embargo, conviene recordar que dicho tratado ya fue renegociado durante la anterior administración de Trump, y muchos de los cambios introducidos entonces respondieron a la lógica proteccionista impulsada por sus principales asesores, como Peter Navarro.

La evidencia de diversos estudios muestra que los aranceles no han generado efectos positivos para las empresas estadounidenses: no han propiciado una recuperación significativa del empleo manufacturero y, en cambio, han generado presiones sobre las cadenas de suministro e incluso efectos inflacionarios.

México deberá acostumbrarse a este vaivén de presiones y amenazas, al menos durante el resto del mandato del presidente Trump o, de manera probable, hasta las elecciones intermedias, que podrían modificar la correlación de fuerzas en el poder legislativo y, con ello, la capacidad del Ejecutivo estadounidense para imponer este tipo de medidas.