Estados prefieren la inversión productiva como destino de su deuda

Después de cuatro años, los gobiernos estatales y municipales prefirieron destinar más recursos de sus financiamientos a inversión pública productiva que a “pagar deuda con más deuda”.

Es decir, las autoridades locales adquirieron más obligaciones para el crecimiento y desarrollo económico de sus regiones, antes que apostar más por el refinanciamiento o cubrir necesidades de liquidez a corto plazo.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estados y municipios contrajeron financiamientos y obligaciones por un monto de 18,829 millones de pesos durante el primer semestre del 2026, que representó una caída de 22.8% anual.

Este monto significa que los subnacionales bajaron el ritmo en la contratación de deuda, manifestando sostenibilidad financiera, pero ¿cuál fue el destino de estos recursos?

Del total de 18,829 millones de pesos, 45.4% se destinó a inversión pública productiva: por cada 100 pesos de deuda contratados, 45.4 pesos tuvieron dicho destino. El resto se dirigió a refinanciamiento (44.7%) y cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal (9.9 por ciento).

Esta situación no se observaba desde el año 2021: 46.4% de la deuda contratada se destinó a inversión pública, 33.6% al binomio refinanciamiento / Inversión pública productiva, 19.7% a refinanciamiento y 0.2% a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

Los años posteriores se prefirió “pagar deuda con más deuda” para obtener mejores condiciones de mercado, como una menor tasa de interés y un plazo de pago más largo: 33.2% a inversión y 49.9% a refinanciamiento en el 2022, 15.5% y 74.9% en el 2023, 5.0% y 72.7% en el 2024 y 16.8% a inversión y 49.9% a refinanciamiento en el 2025.

Cabe recordar que, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera, la inversión pública productiva es “toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (I) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (II) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público (…) o (III) la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico”.

A detalle

En general, seis entidades y 23 municipios contrataron financiamientos y obligaciones en el primer semestre del 2026 por un monto de 18,829 millones de pesos.

Los gobiernos estatales con adquisición de deuda fueron Aguascalientes (5,223 millones de pesos), Veracruz (4,861 millones), Guanajuato (4,000 millones), Nuevo León (1,580 millones), Sonora (1,500 millones) y Sinaloa (673 millones). En total, las entidades federativas del país representaron 94.7% del total.

Por municipios, los mayores montos se observaron en Naucalpan, Estado de México (433 millones de pesos); Puerto Vallarta, Jalisco (186 millones); Huimanguillo, Tabasco (85 millones); Mexicali, Baja California (80 millones); Uruapan, Michoacán (25 millones), y Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo (21 millones).

Entre los estados, las apuestas fueron diferentes. Por ejemplo, el total de deuda contratada por los gobiernos de Guanajuato, Sonora y Sinaloa se destinó a inversión pública productiva, mientras en Nuevo León, se dirigió solamente para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, y en Veracruz, a refinanciamiento.

Este comportamiento evidencia que después de cuatro años, los gobiernos estatales y municipales priorizaron en la primera mitad del año el desarrollo económico y el bienestar de la población a largo plazo, aprovechando la deuda como un estímulo de inversión productiva. Aunque no se dejó de lado la estabilidad financiera mediante el refinanciamiento y las obligaciones de corto plazo.