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Deforestación en Quintana Roo crece aceleradamente, según datos de Global Forest Watch
El estado registró la desaparición de 13,000 hectáreas de bosque natural durante el año pasado, y las proyecciones para 2026 indican que la cifra se ubicará entre 12,000 y 15,000 hectáreas adicionales.

En 2020, Quintana Roo contaba con 3.4 millones de hectáreas de bosque natural, equivalente al 79% de su superficie total.
Cancún, QRoo.- La pérdida de cobertura forestal en Quintana Roo se mantiene como una tendencia sostenida que genera impactos directos en la economía estatal y regional.
De acuerdo con datos actualizados de Global Forest Watch, el estado registró la desaparición de 13,000 hectáreas de bosque natural durante el año pasado, y las proyecciones para 2026 indican que la cifra se ubicará entre 12,000 y 15,000 hectáreas adicionales. Esta deforestación equivale a la emisión de más de 5.5 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, lo que representa un riesgo financiero latente ante posibles esquemas de compensación de carbono, impuestos ambientales y regulaciones internacionales cada vez más estrictas.
En 2020, Quintana Roo contaba con 3.4 millones de hectáreas de bosque natural, equivalente al 79% de su superficie total. Desde entonces, la superficie arbolada ha disminuido año con año.
El análisis de Global Forest Watch revela que, entre 2001 y 2025, el 60% de la pérdida total se atribuye a la expansión de la agricultura permanente, el crecimiento de asentamientos humanos, el desarrollo de infraestructura y las actividades mineras y extractivas. La selva quintanarroense forma parte del ecosistema maya, estratégico para la península de Yucatán.
Su deterioro afecta servicios ambientales que sustentan industrias de alto valor económico como el turismo, la agricultura y la pesca, además de generar mayor vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos que impactan la productividad regional.
Expertos en economía ambiental advierten que continuar con esta trayectoria implica costos crecientes por pérdida de capital natural, menor resiliencia climática y posibles restricciones en financiamiento verde para proyectos de desarrollo.
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Aunque existen áreas naturales protegidas, la presión sobre la selva persiste. Autoridades ambientales, organizaciones civiles y ejidatarios trabajan en esquemas que buscan compatibilizar el desarrollo económico con la conservación, como proyectos de pago por servicios ambientales, restauración productiva y certificaciones sostenibles.
Sin embargo, es muy poco lo que han logrado ante el avance de modelos de desarrollo que no toman en cuenta la conservación ambiental.


