Para garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos en Ciudad de México, autoridades capitalinas efectuaron la revisión del contrato del proyecto del Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa, ya que contenía una cláusula leonina donde se establecía que el gobierno local debía pagar por toda la supuesta inversión de 921.1 millones de pesos a la concesionaria.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que durante la revisión del contrato del Corredor de Chapultepec se estipulaba claramente que la administración capitalina debía pagar a la empresa, ante una posible cancelación del proyecto, el monto que resultaba del cálculo de la inversión que realizó la concesionaria y no hubiere recuperado, más el valor presente de las posibles utilidades por los años pendientes de la concesión.

“Queremos decirle a los ciudadanos que no vamos a pagar ni un centavo; que si acaso el máximo valor por esto no asciende a más de 10 pesos; que lo vamos a pelear hasta las últimas consecuencias; que la concesión está cancelada”, puntualizó.

Por ello, todas las concesiones de Centros de Transferencia Modal o casos como el del Corredor Chapultepec son revisadas y en algunos casos han sido retiradas, ya que contenían ese artículo que va en contra del recurso público.

“Reitero, además, a la Iniciativa Privada: Es bienvenida toda la inversión que requiere la ciudad, tanto en el caso de desarrollo inmobiliario. Lo único que estamos pidiendo es lo que deben pedir todos los gobiernos, que es que se cumpla con la ley”, afirmó.

Explicó que la obra se canceló luego de que una consulta ciudadana rechazara el proyecto. Derivado de esto, el banco —donde se encuentra fideicomitida la concesión— interpuso un juicio de nulidad.

Sheinbaum Pardo destacó que el Corredor Chapultepec-Zona Rosa se realizará con recursos públicos y que se informará a la ciudadanía sobre el proyecto y su desarrollo, mismo que iniciará con el cambio de la infraestructura hidráulica, ejecución de la obra e incentivos para generar también un Corredor Cultural y Comercial de la Ciudad de México.

Al referirse al nuevo proyecto, afirmó que “la mayoría de los vecinos hasta ahora han estado de acuerdo, porque no tiene nada que ver con la comercialización del espacio público o la privatización del espacio público, sino que significa inversión pública para mejora del espacio público, que es completamente distinto”.

“En otros casos de concesiones similares tampoco se va a pagar. Ya ha habido acuerdos con privados, por ejemplo, la concesión de Constitución del 17 fue un acuerdo mutuo en donde el privado reconoció que no se iba a desarrollar el proyecto y no tuvo ningún problema en que se cancelará la concesión. Pero hay otros en donde están como en este caso, solicitando un pago que el gobierno no va a dar porque nosotros no vamos a entrar en corruptelas y vamos a cuidar el recurso público”, sostuvo.

Litigio

La titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar, reveló que en la consulta ciudadana lo que rechazaron los vecinos fue el proyecto conceptual y no el proyecto ejecutivo, porque fue inexistente.

“Queremos hacer público este caso que en la actualidad tenemos en litigio, dado que vamos a iniciar con obras importantes en esta zona, y es muy importante para nosotros que toda la opinión pública conozca de este tema y nos ayuden a difundirlo, porque para nosotros es fundamental cuidar los recursos públicos. Y precisamente de eso se trata, del cuidado de los recursos públicos”, manifestó.

La secretaria informó que en julio del 2015 se otorgó una concesión a la paraestatal Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo para la Ciudad de México (ProCDMX) para uso, aprovechamiento y explotación. Posteriormente, el gobierno anterior cedió derechos a un fideicomiso privado entre ProCDMX, Deutsche Bank y Proyectos de Infraestructura Chapultepec de Invex, utilizando la figura de coinversión.

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