Para enero, otros 120 comerciantes de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP) podrían pedir su reinstalación al municipio de Querétaro, debido a un segundo amparo promovido por los quejosos tras su desalojo de la Alameda Hidalgo.

César David Tarello Leal, abogado y representante legal de los comerciantes amparados, explicó que ambas demandas (la primera concedida a favor de 60 vendedores) acusan irregularidades en el retiro que sufrieron por parte de la autoridad municipal en junio de este año.

Esta tesis fue avalada por la jueza cuatro de Distrito, quien ordenó en su sentencia la restitución de los afectados, decisión que aún podría ser impugnada por el municipio a través de un recurso de revisión, dentro de los primeros 10 días hábiles después de ser notificados.

Tarello acusó que las acciones del ayuntamiento no cumplieron con formalidades legales, entre ellas la notificación a los comerciantes a través de un oficio , el procedimiento de revocación de licencia y proceder al desalojo sin realizar una visita de inspección, la cual sirviera como antecedente para identificar alguna irregularidad en la actividad comercial.

El acta administrativa que se levantó dice que todos los carritos, sin excepción, se encuentran fuera de giro, además que afectan la vía pública; sin explicar más. Esas dos razones fueron destruidas en la sentencia, a propósito de la demanda de amparo , expuso el abogado.

El líder de la UCFCP, Pablo Héctor González Loyola Pérez, refrendó el compromiso de la organización para sentarse a discutir las alternativas de reinstalación, esto en caso de que el espacio de la Alameda Hidalgo no pueda ser utilizado.

En este sentido, César Tarello comentó que el municipio puede exponer a los jueces si las obras de remodelación suponen alguna imposibilidad para la reinstalación, y será este órgano el que determine un cumplimiento sustituto, que podría ser desde una indemnización económica o cualquier otra alternativa.

Pendientes

De los 60 comerciantes que ganaron el primer amparo, sólo con cinco restaba la devolución de mercancía, situación que debe ser atendida por el gobierno del presidente municipal, Marcos Aguilar Vega.