Cancún, QR. La diputada federal por Quintana Roo, Ivanova Pool, presentó en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para pedir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no inscribir el nuevo refinanciamiento bancario por 1,030 millones de pesos autorizado por el Congreso de Quintana Roo al municipio Solidaridad.

En el punto de acuerdo se detallan las supuestas irregularidades cometidas por la administración del alcalde interino Rafael Castro para elevar más la deuda de Solidaridad, cuya cabecera es Playa del Carmen.

Entre las consideraciones menciona que Solidaridad obtiene más de la mitad de sus recursos por concepto de ingresos propios y contaba con finanzas sanas y un alto crecimiento; sin embargo, en los últimos cinco años se generó un déficit en gasto corriente provocado intencionalmente para gastar más de lo que ingresa, la manera en la que se hizo fue proyectando ingresos mayores en la Ley de Ingresos del Municipio a sabiendas que las cifras proyectadas no alcanzarían y la Tesorería municipal otorgaba suficiencia presupuestal a conceptos no incluidos en el ya de por sí inflado presupuesto .

Diseño para gastar

El déficit no es producto de una insuficiencia de liquidez de carácter temporal, se trata de un diseño para gastar no sólo los presupuestos que les correspondía ejercer a las últimas dos administraciones, sino comprometer el gasto público de los próximos 20 años.

El esquema utilizado, ante la imposibilidad legal de solicitar formalmente financiamiento para cubrir el déficit, fue contratar créditos simples para destinarlos a inversión público-productiva para obras que actualmente se encuentran inconclusas, para después refinanciarlos aumentando el monto originalmente contratado, y seguir con la contratación de obligaciones cuyo vencimiento es menor a los 180 días, aprovechando el diseño y las reformas legales implantadas que permitieron el endeudamiento progresivo del gobierno del estado, concretamente las relativas a la excepción prevista en el artículo 6 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo.

Inconstitucional

Luego de que el Congreso aprobó el refinanciamiento de la deuda municipal hasta por la cantidad de 1,030 millones de pesos, publicado el 23 de junio del 2016, unos días después, (6 de julio) el Comité Financiero para la Evaluación del Crédito del Municipio de Solidaridad determinó por el voto unánime de la totalidad de sus miembros adjudicar el financiamiento con un plazo máximo de 20 años, para ser destinados a inversión pública productiva a Bansi.

En la fecha en la que el comité adjudica el financiamiento, el municipio estaba impedido constitucionalmente para contratarlo de conformidad con el Artículo 117 constitucional fracción VIII , indica el punto de acuerdo.

En el último párrafo de este artículo se establece que la liquidación de las obligaciones de corto plazo a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente, así como la limitación para contratar nuevas obligaciones, se encuentra vigente, por lo que ni el Ayuntamiento de Solidaridad ni la Legislatura del estado debieron autorizar el refinanciamiento de obligaciones que formalmente tuvieron que ser liquidadas .

Por lo tanto, la autorización del Comité Financiero violaría lo dispuesto en el último párrafo de la fracción VIII del Artículo 117.

Ante ello, exigen a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y Municipios de la SHCP solicitar, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, en términos del artículo 117, fracción IV de la Ley de Instituciones de Crédito, la información que corresponda a las entidades y municipios que se encuentren inscritas o soliciten su inscripción al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios.

Así como proponer, en coordinación con la Unidad de Crédito Público, las políticas relativas al registro, de conformidad con la legislación aplicable y llevar acabo éste.

Congreso de Quintana Roo discutirá paquete de impunidad de Borge Angulo

Cancún, QR. El próximo martes, el Congreso del estado sesionará para dar marcha atrás a varios de los nombramientos del llamado paquete de impunidad que promovió el gobernador Roberto Borge Angulo; sin embargo, desde ahora, algunos diputados de oposición anticipan que también se votarán nuevas disposiciones que permitirían al gobernador mantener cierto control sobre la siguiente legislatura estatal.

El día de ayer, la Diputación Permanente del Congreso del estado de Quintana Roo convocó a un cuarto periodo extraordinario de sesiones para el próximo martes 26 de julio, con el objetivo de dar trámite a diversos asuntos, algunos de ellos derivados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La diputada del Partido Acción Nacional, María Trinidad García Arguelles, informó que entre los puntos a tratar se encuentra una iniciativa de decreto, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de Quintana Roo, y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, y de la Ley Reglamentaria de los artículos 104 y 105 de la Constitución local.

También se votará la creación del Comité de Transparencia del Poder Legislativo de la entidad.

García Arguelles aseguró que así como se pretende dar marcha atrás al Tribunal Administrativo y a los nombramientos de magistrados de Justicia, también se intenta quitar facultades a la Legislatura para nombrar al contralor interno de la fiscalía, cosa que de antemano no podemos aceptar .

Luis Ramírez Razo, diputado del PRD en el Congreso local, aseguró que diversos abogados de su partido están analizando la iniciativa de decreto por el que se pretende reformar la fracción 28 del artículo 75 y la fracción III del artículo 76, pues se trata de cambios que dejarían maniatados a los 25 diputados de la próxima Legislatura e incluso influye en facultades del Poder Ejecutivo estatal.

Es volver a lo mismo: se pretende hacer cambios estructurales y de fondo, cuando bien se pudieron haber realizado antes o, en su caso, dejarlos para la XV Legislatura. Todas las fuerzas jurídicas y ciudadanas tienen que trabajar para evitar que Borge y los diputados priistas dejen una estela de daño .

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