Querétaro, Qro. En lo que va del año, entre 40 y 50 empresas desarrolladoras han incumplido con lineamientos ambientales, de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Entre los motivos recurrentes se enlista el derribo de vegetación forestal sin autorización, informó el delegado de Profepa en Querétaro, José Luis Peña Ríos.

No sólo nos estamos quedando en el plano administrativo, estamos presentando las denuncias penales (...) Hay procedimientos que se iniciaron el año anterior y con los tiempos que marca la ley algunos se están resolviendo este año , informó.

También anunció que se logró la primera vinculación a proceso, mediante la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio, por el caso en el que un desarrollador desmontó 6.5 hectáreas de la reserva ecológica de Peña Colorada.

Tras detectarse la remoción de masa vegetal, la Procuraduría ambiental y el gobierno estatal interpusieron una denuncia penal contra la empresa.

Ya logramos la vinculación a proceso por primera vez en la historia, desde que entró el nuevo sistema penal acusatorio, se logró aquí en Querétaro por el tema de Peña Colorada (...) El año pasado hubo remoción de vegetación en esa zona; iniciamos el procedimiento administrativo, uno por cambio de uso de suelo y otro de impacto ambiental , detalló.

La delegación de la Profepa cuenta con 10 casos que van encaminados al mismo fin, toda vez que se judicializarán y será determinado por un juez la vinculación a proceso.

Peña Ríos aseguró que continúa el proceso para buscar la declaratoria de Área Natural Protegida para Peña Colorada que integra una superficie de 4,983 hectáreas entre los municipios de Querétaro y El Marqués.

Caso Residencial Balvanera

El caso de Residencial Balvanera es otro que avanza, luego de que la Procuraduría anunciara que interpondría demandas contra la empresa, por la remoción de 22,000 metros cuadrados de vegetación en zona forestal.

Los desarrolladores tuvieron un acercamiento con la Profepa, por lo que actualmente se evalúan mecanismos alternativos para cumplir con las leyes medioambientales y compensar el daño generado.

De manera general, en mayo, la Procuraduría recibió pagos por 3 millones de pesos en sanciones, por hacer desmontes sin autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estos hechos ocurren recurrentemente en la zona metropolitana, en El Marqués, Corregidora y Querétaro.

Antecedente

En febrero del 2017, la Profepa informó que un juez federal ordenó el embargo por 48 millones de pesos y 86 hectáreas de terreno a Residencial Balvanera por violar medidas de seguridad ordenadas por la dependencia federal, además de cimentar un desarrollo inmobiliario sin autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y sin pago al Fondo Forestal Mexicano.

En la obra se edificaron cinco pisos, con 22 departamentos y dos penthouse de lujo, ubicados en Corregidora.

En marzo, la Procuraduría anunció que interpondría dos nuevas denuncias penales por violar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, aunado a que la empresa no utilizó recursos alternativos que otorga la ley para resolver el conflicto y optó por violentar medidas de seguridad, además, no suspendió la construcción.

Mientras que Balvanera emitió un pronunciamiento en el que refería que había cumplido con las disposiciones legales.

Yum Balam

En otras latitudes, la Profepa informó que lleva a cabo el proceso administrativo correspondiente para clausurar 36 proyectos turísticos, desarrollados al margen de la ley en la franja costera de Isla de Holbox dentro del Área Natural Protegida Yum Balam, estado de Quintana Roo.

viviana.estrella@eleconomista.mx