En la fiscalización de la Cuenta Pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que abarcó 1,128 auditorías practicadas al rubro del gasto federalizado, el monto total observado ascendió a 65,193.8 millones de pesos, de los cuales 33,449.1 millones corresponden a observaciones por el subejercicio registrado y 31,744.7 millones a observaciones con impacto económico.

Éstas implican presuntos daños o perjuicios o ambos que afecten la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales.

A pesar de la experiencia que para los gobiernos locales se debería derivar de un proceso de fiscalización sistemático realizado por la ASF desde hace muchos ejercicios y que les permite conocer las irregularidades y áreas de riesgo más importantes en la gestión del gasto federalizado persiste una significativa incidencia de las mismas en el manejo de estos recursos , indica el informe.

La ASF señala que el gasto federalizado presenta insuficiencias estructurales y recurrentes, que limitan su impacto social.

En un primer término, las deficiencias se han traducido en limitaciones para alcanzar los beneficios originalmente previstos en favor de la población, pero adicionalmente han erosionado la confianza social en las instituciones locales. Con respecto a esto último, han sido determinantes los hechos de corrupción relacionados con el manejo de recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios .

Relevancia

El gasto federalizado, constituido por los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, representó en el 2015, 34.9% del gasto neto total federal; estos recursos son transferidos mediante dos grandes componentes: programable y no programable.

Hasta la Cuenta Pública 2015, el primer tipo de gasto ha sido revisado por la ASF; a partir de la Cuenta Pública 2016 el segundo se integrará a su universo fiscalizable.

Ambos componentes representan una proporción significativa de los ingresos de las entidades federativas y municipios; en cuanto a los estados, en promedio, alcanza alrededor de 90%, en tanto que, en el ámbito municipal va de 65 a 90% o más en los casos con mayor grado de marginación.

El costo político del cobro de impuestos ha sido un factor que también ha inhibido el mejor aprovechamiento de las fuentes contributivas disponibles por los gobiernos locales, lo que ha incidido en la elevada dependencia de sus ingresos respecto de los recursos federales transferidos , señala la ASF.

Brecha en beneficios

En términos absolutos, el monto observado en la revisión de la Cuenta Pública 2015 fue de 65,193.8 millones de pesos, frente a 77,380.6 millones en el 2014.

Aunque el monto observado es susceptible de su posterior justificación y aclaración por parte de los entes auditados, el nivel alcanzado refleja una gestión que aún no es del todo eficiente y transparente .

Esta disminución en la fiscalización manifiesta el mejor control en la gestión de la nómina educativa debido a la recentralización de su pago a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

El monto observado en la revisión de la Cuenta Pública 2015 podría interpretarse como la brecha en la generación de beneficios reales o potenciales para la población , explica la Auditoría.

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