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Fepade vigilará los comicios en Huimilpan

Pretende evitar actos de presión e intimidación como los que ocurrieron el pasado 7 de junio.

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La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) vigilará la elección extraordinaria en el municipio de Huimilpan el próximo 6 de diciembre.

El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) firmó un convenio con la fiscalía para blindar la elección y llevar a cabo un despliegue ministerial en la demarcación.

Santiago Nieto, fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales, aseguró que con los convenios y acciones que se llevarán a cabo en Huimilpan se garantiza a los ciudadanos una elección democrática, y de esta manera evitar actos de presión e intimidación hacia los electores como los que derivaron en la anulación de los comicios el pasado 7 de junio.

La importancia, y así me lo ha instruido la procuradora general de la República de este proceso electoral, en el municipio de Huimilpan es vital para el mantenimiento del Estado Constitucional de Derecho en el país , advirtió el funcionario.

Nieto Castillo explicó que se contará con presencia de agentes del Ministerio Público (MP) Federal Especializado en Delitos Electorales, Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la Procuraduría General de la República (PGR), para que en caso de tener denuncias en la jornada electoral se inicie la investigación.

Se llevarán a cabo estos trabajos de revisión para poder acercar la función del Ministerio Público Federal a la ciudadanía antes, durante y después de la jornada electoral, con el fin de que los ciudadanos puedan recibir una atención expedita en las denuncias que presenten, la implementación de políticas de prevención de las conductas delictivas, y fortalecer e implementar mecanismos de colaboración con las autoridades locales , aseveró.

Resultados

Santiago Nieto precisó que en el proceso electoral pasado la dependencia recibió 18 denuncias derivados de delitos electorales, cuatro relacionadas con Huimilpan (tres se realizaron vía telefónica y una presencial, principalmente por la presión e inseguridad que se vivió). Los procesos aún se investigan.

arlene.patino@eleconomista.mx

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