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Borge se va; deja a sus amigos en puestos clave
Sus nombramientos podrían extenderse hasta por nueve años.
Cancún, QR. A pesar de que el Congreso del estado frustró su intentona de brindarse el servicio de escoltas hasta por 30 años con cargo al erario, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, preparó bien su salida y procuró dejar a amigos cercanos en cargos clave de la administración de justicia, de tal suerte que puedan cuidarle la espalda cuando haya dejado el cargo. Para ello, impulsó los nombramientos del fiscal general del estado, del auditor superior y de tres magistrados del Tribunal de Justicia de Quintana Roo.
En la Fiscalía General del Estado, que sustituyó a la procuraduría de justicia del estado, el Congreso nombró hasta por nueve años a Carlos Arturo Álvarez Escalera, que había ocupado la titularidad de la procuraduría durante el gobierno de Borge, nombrado por él.
Por otra parte, promovió el nombramiento, hasta por siete años como auditor superior del estado, de Javier Zetina González , primo del exgobernador Félix González Canto, en cuyo gobierno Roberto Borge Angulo fue secretario particular, tesorero general, oficial mayor, diputado federal y, finalmente, candidato a gobernador.
En los próximos días se espera que se analice y se vote, en el Congreso local, un punto de acuerdo promovido por el diputado perredista Emiliano Ramos, a efecto de revertir el nombramiento del auditor superior.
Borge Angulo, también maniobró para que el Legislativo, de mayoría priista, nombrara a Felipe de Jesús Magaña Solís y a Carlos Alejandro Lima Carvajal como magistrados numerarios y a Ángel Ysidro Quintal Quintal como supernumerario del Tribunal de Justicia de Quintana Roo.
Cabe destacar que se nombró a Carlos Lima como magistrado numerario pese a estar señalado de tener amplia participación en despojos de terrenos y hoteles en Tulum. Asimismo, este personaje se desempeñaba antes de ese nombramiento como titular del Registro Público de la Propiedad en Quintana Roo.
Los paquete de impunidad
Mientras la Suprema Corte de Justicia ya anuló los paquetes de impunidad de Chihuahua y Veracruz, indicando que los congresos estatales no pueden legislar sobre el tema en tanto no se expidan las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, sigue pendiente el pronunciamiento de la Corte respecto del caso Quintana Roo.
Se desconoce si quedó extinguida la controversia constitucional promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la creación del tribunal de justicia administrativa que propuso el gobernador de dicho estado, Roberto Borge Angulo, con el aval del Congreso estatal.
En específico, el recurso de la PGR atacaba, en el caso de Quintana Roo, la creación del tribunal de ese estado cuya principal función era imponer sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurriesen en actos vinculados con faltas administrativas así como la facultad del gobernador del estado para nombrar a los magistrados del tribunal de justicia administrativa.
Tras conocer el recurso Borge Angulo y el Congreso estatal dieron marcha atrás a la creación del nuevo tribunal y al nombramiento de los tres magistrados que lo presidirían.
Sin embargo, también quedan pendientes de revisar otras medidas aprobadas en el último periodo extraordinario que celebró la anterior Legislatura de Quintana Roo, aún bajo el control del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en un intento por blindar a los funcionarios públicos que en breve dejarán la administración, gobernador incluido.
Las cuentas públicas
Parte del paquete de impunidad lo son también las aprobaciones de las cuentas públicas del 2015 para las siguientes dependencias: Poder Judicial, Administración Portuaria Integral, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Colegio de Bachilleres del Estado, Colegio de Educación Profesional Técnica, Instituto para la Educación de Jóvenes y Adultos, Universidad de Quintana Roo, VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA de CV, Universidad Politécnica de Bacalar, Instituto de Infraestructura Física Educativa, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Servicios Estatales de Salud, Instituto Electoral de Quintana Roo, Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; asimismo, las cuentas públicas de los ayuntamientos de Othón P. Blanco, Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto y Tulum.
En total, en la sesión extraordinaria del Congreso de esta entidad se aprobaron 63 informes de cuentas públicas, de un total de 68 entidades y organismos estatales.
Freno a notarías
La semana pasada, por mandato judicial, se frenaron las operaciones en 33 notarías públicas de nueva creación en Quintana Roo, incluidas las otorgadas a figuras públicas como Judith Villanueva, Berenice Polanco, Enrique de la Cruz Pineda y Javier Jesús Cárdenas Rivero, la mayoría de ellos con cargos y relación directa con el PRI.
Lo anterior es producto de la resolución del juez al recurso de amparo con número J.A. 1267/2016-1, en la que se concede para el efecto de que no se realice la designación y otorgamiento de las patentes relativas a las notarías públicas 90 a la 123.
