Cancún, QR. En las últimas tres semanas, el gobernador saliente de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, nombró a tres magistrados, creó una fiscalía que sustituye a la procuraduría estatal de Justicia y colocó a un cercano suyo como auditor superior del estado.

Los opositores a su gobierno han calificado esta serie de movimientos como paquete de impunidad , mediante el cual Borge Angulo pretende taparse las espaldas por señalamientos en su contra, como el desvío de 4,500 millones de pesos del erario público durante su administración.

Los primeros cambios se dieron los días 24 y 25 de junio, cuando el Congreso estatal sesionó en el lujoso hotel Royalton, del municipio de Puerto Morelos, luego de que sucedieran diversas protestas ciudadanas en contra de la también llamada ley Borge en Chetumal, la capital del estado.

En ambas sesiones, el Congreso nombró a Minerva Maribel Moreno Cruz, César Cervera Paniagua y Jorge Herrera Aguilar como magistrados del recién creado Tribunal de Justicia Administrativa por un periodo de siete años.

Este nuevo órgano tiene entre sus facultades atender controversias o irregularidades de la administración pública estatal y municipal, así como imponer, en los términos que disponga la ley, sanciones a servidores públicos estatales y municipales e, incluso, a particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.

También podrán fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias derivadas de daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.

La diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ivanova Pool, aseguró que se trata de una medida que tiene como único fin proteger las espaldas del actual gobernador, por la serie de irregularidades que saldrán completamente a la luz una vez que deje el gobierno en septiembre próximo.

Nombramientos polémicos

El otro cambio constitucional aprobado ya por el Congreso del estado fue la creación de la Fiscalía General, que sustituye a la Procuraduría de Justicia, la cual será presidida por Carlos Arturo Álvarez Escalera, quien fue nombrado por el actual gobernador y no podría ser removido durante los siguientes siete años.

Otro nombramiento polémico es el del nuevo auditor superior del estado, en manos de Javier Zetina González, primo del exgobernador Félix González Canto, quien ocupará por los próximos siete años.

El llamado paquete de impunidad también incluyó el nombramiento de Felipe de Jesús Magaña Solís y Alejandro Lima Carvajal como magistrados numerarios, y también a Ángel Ysidro Quintal Quintal, como magistrado supernumerario del Tribunal de Justicia del Estado.

El PRD en Quintana Roo dijo que al menos el nombramiento de Lima Carvajal es ilegal, pues dicho personaje enfrenta acusaciones por corrupción, abuso de autoridad, negligencia en el desempeño de sus funciones, cohecho, entre otros.

Por último, las reformas aprobadas incluyeron la modificación al artículo 51 de la ley estatal de Seguridad Pública, para que el gobernador Roberto Borge Angulo mantenga su servicio de escoltas, con costo al erario público durante los próximos 15 años, a partir de que deje el cargo.

Medidas fiscales

El Congreso del estado también avaló un nuevo compilado de subsidios y condonaciones fiscales, como la derogación del pago de los derechos para la expedición de la constancia de compatibilidad urbanística estatal (requisito aplicado a fraccionamientos de tipo habitacional, hotelero, comercial, industrial, funerario, granjas de explotación agropecuaria y demás aprovechamientos y usos), que la Secretaría de Hacienda cobraba hasta el mes pasado y era 0.5% sobre el monto total de las obras de urbanización de los desarrollos.

El Congreso también derogó el cobro de 10 salarios mínimos generales por fracción resultante a predios menores de 10,000 metros cuadrados y concedió subsidios en el pago de derechos del artículo 203 bis, incisos A, B y D de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo.

Además, el Congreso emitió un acuerdo para conceder estímulos fiscales en el otorgamiento de licencias de conducir, así como por los servicios del Registro Civil del Estado para el ejercicio fiscal 2016.

Diputados de oposición aseguran que estas medidas tienen como objeto mermar los ingresos del gobierno del estado que en la próxima administración será ocupada por primera vez en la historia de Quintana Roo por un gobierno de coalición distinto al PRI.

Desvíos

La diputada Ivanova Pool dijo en entrevista que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizar todo el sexenio de Borge Angulo, pues hay suficientes indicios de desvíos millonarios desde el 2011.

La ASF consigna en el Índice de Desempeño del Gasto Federalizado que la entidad obtiene un total de 78.8 puntos en una escala de 100, para colocarse en el lugar 11 a nivel nacional, es decir, que está más allá de la media tabla en desempeño del gasto federal.

Sin embargo, de acuerdo con los resultados de las auditorías, se detectaron irregularidades por 3,279 millones de pesos en el periodo 2011-2013, que de no solventar se convertirían en daño patrimonial.

Asimismo, el jueves pasado por mayoría, los diputados del Congreso aprobaron 31 cuentas públicas del 2015 de los tres poderes, de los 11 municipios y de los organismos públicos descentralizados.

Solidaridad contratará deuda por $1,030 millones

Cancún, QR. El gobierno del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, contratará con Banco Bansi el nuevo endeudamiento por 1,030 millones de pesos autorizado apenas hace unos días por el Congreso del estado.

En información pública, dada a conocer por el propio ayuntamiento, se detalla que Bansi ofreció las mejores condiciones de pago para el nuevo empréstito, las cuales consisten en el financiamiento de 767 millones 983,321 pesos, a una tasa de interés ordinario de 6.75 por ciento.

Lo anterior implica que el ayuntamiento estará obligado a cubrir 51.8 millones de pesos en intereses durante el primer año del crédito, con una comisión de disposición-estructuración de 1% respecto del monto total del crédito, que equivale a 8 millones 908,000 pesos.

El total de intereses ordinarios más la comisión que pagará la comuna anualmente asciende a los 60.7 millones de pesos, con una tasa efectiva estimada de 7.91%, según se lee en el documento dado a conocer por el ayuntamiento.

Aunque el gobierno municipal desglosa en el texto las condiciones del refinanciamiento por un monto de 767 millones de pesos, especifica al final del mismo que, en realidad, la deuda contratada con Bansi es por 1,030 millones de pesos.

En atención a la propuesta de Banco Bansi, en donde se indica que los costos que ofrece se mantendrán bajo la prerrogativa de colocar el total de la petición formulada por el municipio, es decir, el equivalente a 1,030 millones de pesos, ya que, precisamente por la oferta y demanda, aunado a las variaciones del mercado financiero y los escenarios macroeconómicos de índole internacional, tiene un impacto en los procesos de oferta con la consecuente repercusión hacia el alza .

Es decir, se mantienen la misma tasa y el mismo porcentaje de comisión, pero sobre un crédito de 1,030 millones de pesos, lo cual supone un incremento en las obligaciones mensuales que deberá pagar el ayuntamiento.

Solidaridad es el primer lugar a nivel nacional en deuda per cápita, cada ciudadano adeuda a instituciones bancarias una suma de 3,713 pesos; seguidos de los ciudadanos de Nuevo Laredo, con 2,407 pesos, y los de Nogales, Sonora, con 2,271 pesos, de acuerdo con la consultoría aregional.

El nuevo monto del empréstito adquirido equivaldrá a una deuda per cápita de 4,986 pesos por cada uno de los 207,000 solidarenses que habitan el municipio.

[email protected]