Buscar
Empresas

Lectura 3:00 min

Alerta en la implementación de la reforma laboral por ausentismo patronal

El proceso de transición hacia el nuevo modelo de justicia laboral en México registra avances operativos en la resolución de conflictos prejudiciales, pero enfrenta contratiempos estructurales derivados del comportamiento de los sectores empleadores y de las limitaciones institucionales para hacer efectivas las sanciones contempladas en la ley.

main image

María del Pilar Martínez

El proceso de transición hacia el nuevo modelo de justicia laboral en México registra avances operativos en la resolución de conflictos prejudiciales, pero enfrenta contratiempos estructurales derivados del comportamiento de los sectores empleadores y de las limitaciones institucionales para hacer efectivas las sanciones contempladas en la ley.

De acuerdo con los datos del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral más recientes, casi la mitad de los casos donde no se alcanza un acuerdo prejudicial se debe a la ausencia de los representantes patronales en las audiencias programadas.

En el desglose de los motivos de no conciliación, la incomparecencia del sector empleador representa 47.6% del total de los asuntos no resueltos en los centros administrativos.

Esta conducta contrasta con la tasa nacional de conciliación, la cual se ubica en 77.7% a través de los 122 Centros de Conciliación Laboral distribuidos en el país.

Entidades como Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí y Coahuila registran niveles de arreglo superiores a 87 por ciento. En contraste, Zacatecas, Nayarit, Baja California Sur y Puebla reportan índices de eficacia que oscilan entre 58.7 y 64.3 por ciento.

¿Que ha pasado con el rezago?

Por otra parte, para dar respuesta a la acumulación de expedientes generada por el esquema anterior y la persistencia de faltas en la fase prejudicial, el Consejo de Coordinación aprobó un conjunto de medidas orientadas a la conclusión ordenada de los pasivos procesales existentes en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federal.

El plan institucional contempla la ejecución de encuentros nacionales con los titulares de los órganos de arbitraje para evaluar los planes de trabajo dedicados al desahogo de asuntos pendientes y la ejecución de laudos. Esta estrategia incluye la redistribución de expedientes entre las dependencias activas, el cierre paulatino y proporcional de juntas conforme se reduzca la carga de trabajo, y la transferencia de los acervos históricos hacia los archivos de las entidades federativas y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

En paralelo, los acuerdos dictaminados por el organismo rector buscan fortalecer los mecanismos normativos para la aplicación eficaz de las multas administrativas derivadas de la incomparecencia patronal. 

La finalidad de esta medida radica en asegurar el cobro coactivo de las sanciones e incentivar la presencia de los empleadores en las etapas tempranas del procedimiento.

Segunda Sesión Ordinaria, nueva evaluación  sobre alcances

Inés González Nicolás, representante de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo ante el Consejo y titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, dio a conocer la celebración y los acuerdos alcanzados durante la Segunda Sesión Ordinaria del órgano colegiado nacional.

Durante la sesión se revisó la implementación de una herramienta técnica estandarizada de diagnóstico para evaluar la infraestructura, el equipamiento y la capacidad de atención en los tribunales y centros de conciliación del país. Este mecanismo servirá como insumo prioritario para la asignación de los subsidios federales administrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Los acuerdos del Consejo establecieron esquemas de interoperabilidad de datos entre la Comisión Nacional de Centros de Conciliación Laboral, los Poderes Judiciales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con el objetivo de monitorear mensualmente el cumplimiento de los plazos legales de 45 días naturales y ajustar los instrumentos de supervisión financiera a escala nacional.

Temas relacionados

María del Pilar Martínez

Periodista dedicada a los temas laborales, empleo, sindical. En El Economista Pilar Martínez es reportera de Empresas y Negocios.

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros NewslettersREGÍSTRATE AQUÍ
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete