A pesar de que el poder judicial frenó las reformas en materia eléctrica que el gobierno impuso y que está a punto de promulgar cambios a la Ley de Hidrocarburos para devolver el mercado que los privados le han quitado a Petróleos Mexicanos (Pemex) en materia de combustibles, en el país hay 111 contratos de exploración y producción petrolera que avanzan con todo el respeto de las autoridades, como lo aseguraron la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) y la Secretaría de Energía.

Durante la Convención Nacional Petrolera 2021, organizada por la Amexhi, Merlin Cochran, director general de la organización reconoció que en medio de las múltiples batallas que se libran en el sector energético entre el gobierno y la IP, las autoridades mantienen su palabra de respetar los contratos vigentes que fueron adjudicados tras la reforma del 2014.

El líder de la asociación que aglutina a 34 de las operadoras petroleras más fuertes que han llegado al país aseguró que se mantiene la búsqueda por fortalecer el Estado de derecho en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, para darle estabilidad a las inversiones y subrayó la intención de las empresas petroleras de seguir trabajando de la mano con el gobierno.

En el evento virtual de la Amexhi, al que todos los años de esta administración han asistido representantes del Ejecutivo, la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, aseguró que desde el 2019 el gobierno ha apoyado a las empresas petroleras privadas y ofreció continuar con un diálogo abierto y constructivo.

Para la titular de Energía, aunque existen opositores que apuestan porque fracase la industria al no otorgarse más contratos mediante licitaciones en este sexenio, la producción petrolera estatal como privada mantiene una evolución positiva gracias al trabajo e inversiones que se realizan en esta actividad. 

“México está abierto con diálogo permanente”, aseveró la titular de Energía, para quien el estado de derecho debe involucrar también el combate a la corrupción, “en este sector la corrupción nos cuesta dinero, nos cuesta posición o visión ante el mundo. Hoy somos un país al cual se nos ve que estamos trabajando precisamente para combatir este flagelo y cumplir los compromisos internacionales”.

Cabe recordar que la producción nacional de petróleo crudo en el mes de marzo fue de 1.698 millones de barriles diarios, la más alta desde abril del año pasado, con un incremento de 1.9% en comparación con el mes pasado gracias a que los contratos petroleros tanto de privadas como de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Ek-Balam lograron su mayor producción en la historia, según el reporte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 

Sin embargo, en relación con el mismo mes del 2020, la producción nacional se redujo en 2.8 por ciento. Incluso en comparación con marzo de 2019, la producción total de petróleo mostró un incremento, de 0.74%, aunque cabe recordar que la extracción de crudo ha caído 22% desde mayo de 2016, cuando comenzó la actividad de empresas distintas a Pemex en esta industria. Con ello, se está volviendo a niveles previos a la pandemia. 

En el ojo del huracán

Mientras tanto, el Congreso aprobó a finales de la semana pasada modificaciones a seis artículos de la Ley de Hidrocarburos para que el gobierno federal y la Comisión Reguladora de Energía puedan suspender y negar permisos de importación, distribución y comercialización de combustibles a privados que no cuenten con almacenamiento, que afecten la seguridad nacional, energética o económica de la nación, sin que se expliquen estos conceptos, o que no sean prioritarios en los tiempos de otorgamiento. 

Y esta semana se votará en el Pleno del Senado, que funge como revisora, otra modificación a esta ley que pretende eliminar el 13 transitorio acerca de la regulación asimétrica hacia Pemex para que deje de ser preponderante en ventas de primera mano. Una vez que el Ejecutivo publique estas reformas, las empresas afectadas presentarán los amparos correspondientes contra los cambios que violan la Constitución de México y afectan la libre competencia, tal como ocurrió con la reforma eléctrica, adelantó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

karol.garcia@eleconomista.mx