El riesgo de que se incrementen las emisiones de carbono de México se dispararía hasta en un 65% y los costos de la electricidad también podrían aumentar hasta en 54%, si el país aprueba las reformas que otorgan al estado un mayor control sobre el mercado eléctrico, es decir, la contrarreforma constitucional planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna, según el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, por su sigla en inglés) del Departamento de Energía estadounidense.

El cambio propuesto por el gobierno en la constitución para otorgar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una mayor participación en el mercado energético resultaría en un uso acotado de parques solares y eólicos de México, refirió el análisis. 

"Eso aumentaría las emisiones de carbono entre un 26% y un 65%, al tiempo que aumentaría los costos de generación de electricidad entre un 32% y un 54%", dijo el Laboratorio Nacional de Energía Renovable.

Según el borrador del documento, al que tuvo acceso Bloomberg News, la reforma tiene el potencial de distorsionar el principio de despacho económico de la energía -ya que se dará prioridad a las plantas de la CFE sin importar sus costos- aumentando los gastos de producción y amenazando los compromisos de cambio climático a corto plazo del país.

En todos los escenarios modelados por los analistas, las emisiones de gases de efecto invernadero "aumentan significativamente", detallaron.

Los cambios también podrían aumentar la probabilidad de cortes de energía entre un 8% y un 35%, según el NREL.

El estudio se llevó a cabo en nombre de 21 Century Power Partnership, una iniciativa de la agencia de Energía Limpia. Usó datos de generación desde septiembre de 2020 hasta agosto de 2021, incluida la carga, la combinación de capacidad de generación y los datos meteorológicos para el sistema eléctrico mexicano. Se tuvieron en cuenta los costos de producción, las emisiones y la confiabilidad del sistema para generar varios escenarios bajo las reformas propuestas.

El estudio del Laboratorio Nacional de Energía Renovable también estima que las reformas pondrían en peligro los compromisos realizados  por México para combatir el cambio climático en el Acuerdo de París.

En tanto, la CFE ha reiterado que la reforma no forzará a los productores privados a salir, que sólo servirá para nivelar el campo de juego, a pesar de que de manera explícita los generadores privados sólo podrán despachar el 46% de la demanda y tendrán que venderla a la empresa estatal, que nuevamente se integrará de manera vertical, absorbiendo al gestor de la transmisión, el Cenace, y con un regulador como la Comisión Reguladora de Energía nuevamente dependiente de la Secretaría de Energía (Sener).

A decir de Mario Morales Vielmas, director de intermediación de contratos legados de CFE, no espera ningún aumento de precios o emisiones más altas, y tiene mucha capacidad para atender a los clientes después de la reforma.

La reforma propuesta a principios de este mes cancelaría los permisos de generación de electricidad existentes y daría prioridad a las antiguas centrales hidroeléctricas de CFE, seguidas de sus centrales nucleares y de gas, que también queman combustóleo. La energía del sector privado ocuparía un lugar más bajo en la lista, con proyectos eólicos y solares renovables cerca de la parte inferior, superando sólo a la generación a gas y carbón de proveedores no estatales.

Si bien aprobar un cambio constitucional requeriría el apoyo de los legisladores de la oposición para alcanzar una mayoría de dos tercios, la propuesta ha hecho sonar las alarmas para las empresas internacionales de energías renovables que operan en el país y con el apoyo del PRI, podría ser aprobada en este periodo de sesiones del Congreso.

karol.garcia@eleconomista.mx

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