La propuesta de reforma a la Ley de Amparo, que será discutida este martes en San Lázaro, pretende dar un duro golpe a la Iniciativa Privada (IP) al eliminar la figura de la suspensión en el juicio de amparo, cuyos rubros afectados podrían ser la industria minera, los concesionarios o permisionarios de carreteras, puertos, ferrocarriles, aeropuertos, líneas aéreas, satélites, telefónicas, radio y televisión, incluso a los importadores.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados citó a los diputados para las 6 de la tarde de hoy (martes) a fin de dictaminar los cambios a la Ley de Amparo, mismos que devienen del Consejo Rector del Pacto por México, bajo el compromiso número 80. El próximo jueves 7 se plantea sea votado por el pleno de la Cámara.

En la fracción XI, del artículo 129, del dictamen que se votará el día de hoy, se establece eliminar la suspensión judicial a las entidades financieras (bancos, aseguradoras, sociedades financieras de objeto múltiple, casas de bolsa, arrendadoras, entre otras).

Asimismo, en el inciso XIII se propone afectar a cualquier concesionario que use o aproveche bienes de dominio público, refiere el documento del cual El Economista posee una copia.

Pese a que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) había pactado con los diputados en abril del 2012 no realizar cambios a la Ley de Amparo, ahora el Congreso pretende dar revés al acuerdo y acotar los juicios de amparo sólo a los casos que generen daño irreparable.

Entre los casos recientes en los que la IP ganó una suspensión de amparo se encuentra el de Toyota, empresa automotriz a la que se le otorgó la suspensión ante el decreto automotriz de la administración calderonista que elevaba el piso de producción para que la firma gozara de beneficios como la importación de vehículos sin aranceles.

ACUERDOS EN ENTREDICHO

El nuevo dictamen, que circuló el pasado 1 de febrero por la oficina de la presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada priísta Claudia Delgadillo, nulifica los acuerdos a los que el mismo PRI había llegado con la cúpula empresarial mexicana, hace unos meses.

Un proyecto de dictamen del 9 de abril del 2012, elaborado por el entonces presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño, no contemplaba el artículo 129 en los términos en los que hoy se plantea.

Legisladores consultados, que solicitaron el anonimato, revelaron que la instrucción de votar las modificaciones a la Ley de Amparo vienen del Consejo Rector del Pacto por México.

Durante los primeros días de enero, el presidente Enrique Peña se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, y ambos coincidieron en contar con una nueva Ley de Amparo, construida con visión de Estado y con la participación de las autoridades.

PIDEN QUE SE RESPETEN ACUERDOS EN MATERIA DE AMPAROS

CCE vigilará de cerca el trabajo legislativo

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sentenció que estará atento al trabajo de los legisladores durante el periodo de sesiones que inició el viernes pasado, y confió en que los diputados respeten los avances acordados en materia de la Ley de Amparo durante el 2011.

Hacemos un exhorto para que la importante reforma constitucional en materia de amparo que se logró en el 2011, alcance su plena aplicación con la expedición de una nueva Ley de Amparo que refleje estos avances, la cual sigue pendiente , acotó Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del organismo.

En su mensaje semanal La Voz del CCE, el dirigente empresarial estableció que los ojos de muchos tomadores de decisiones en el mundo están puestos en el Congreso mexicano. Se trata de un asunto elemental de derechos de los ciudadanos de este siglo: el acceso a todo el potencial que existe en las telecomunicaciones para el desarrollo humano, individual y colectivo .

Abundó que en el seno del CCE, se trabaja en una propuesta de consenso del sector empresarial en materia de telecomunicaciones, de la cual se parte de la base de que urge dinamizar el desarrollo del mercado, tomando en cuenta que la demanda de conectividad se multiplicará 26 veces en menos de cinco años, y la necesidad de revertir la baja penetración de banda ancha.

Al arrancar el periodo de sesiones en el Congreso, en México y el exterior, entre los analistas e inversionistas internacionales, hay una gran expectación de que las incipientes señales de cambio en la clase política se traduzcan en soluciones efectivas a los grandes desafíos del país, con reformas que permitan detonar su potencial económico, destaca.

lgonzalez@eleconomista.com.mx