El grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Senadores, a través de Angélica García Arrieta, propuso un paquete de reformas a la ley minera que incluye, entre otros aspectos, la cancelación de concesiones.

De aprobarse la iniciativa correspondiente, el Servicio Geológico Mexicano podrá realizar estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de concesión y asignación mineras, y la Secretaría de Economía (SE) declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, en cuyo caso procedería la cancelación de concesiones y asignaciones. Los cambios buscan garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar.

Además de obligar a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación, así como a rendir un informe anual del impacto social de su lote minero; en caso de no hacerlo se cancelaría la concesión por incumplimiento.

“Ya lo ha declarado nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador: ‘es muy importante atender a las pequeñas colectividades donde se extraen los minerales porque pasa esto: se extraen, se causan daños y no se deja el beneficio de la explotación minera’. No privilegiemos el interés económico de unos cuantos por encima de los derechos sociales de la población que está siendo vulnerada”, explicó García Arrieta.

La exposición de motivos del proyecto precisa que la minería tiene una relevancia económica indiscutible y representa una de las actividades laborales de mayor tradición en México, pero que se ha descuidado el análisis del impacto social y de las consecuencias de las concesiones otorgadas.

La ley minera vigente, amplía, no considera la necesidad de realizar estudios al respecto ni la consulta de las comunidades y los pueblos afectados por las minas.

“Es por ello que los reiterados e impunes casos de violaciones a la ley y a los derechos humanos por compañías mineras y el encubrimiento que los tres poderes de la Federación les prodigan ha obligado a la sociedad organizada de diversas regiones a fortalecer sus estrategias de autonomía para impulsar, desde plataformas comunitarias, la autodefensa de territorios y recursos frente a los autoproclamados proyectos de desarrollo”.

La organización no gubernamental Red Mexicana de Afectados por la Minería ha documentado que existen, a la fecha, más de 15,000 conflictos sociales relacionados con la minería.

Actualmente, la exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias en los términos de la ley minera ya se encuentran sujetos a una evaluación de impacto ambiental y se requiere de una autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para llevarla a cabo, pero existe una omisión respecto al impacto social en la actividad minera.

Inversión minera retomó ritmo en el 2017

De acuerdo con el informe 2017 de la Cámara Minera de México (Camimex), el año pasado la inversión nacional en la industria minero-metalúrgica en México revirtió su caída, al registrar un monto por 4,302 millones de dólares, superior a los 3,752 millones de dólares del 2016. En su informe, la Camimex señaló que se han postergado proyectos mineros, en algunos de los cuales hubo retrasos en su fase de construcción, a la vez que la imposición de nuevos derechos, “la falta de certeza jurídica” y la inseguridad han sido los principales elementos disuasivos para invertir en el país.

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