El legislador panista de la Comisión de Energía del Senado, Jorge Luis Lavalle Mauri, detalló a El Economista que diversos miembros de su fracción realizan análisis al marco legal para combatir el robo de hidrocarburos para que exista mayor coordinación entre las autoridades involucradas, modificaciones que buscarán discutir en el próximo periodo de sesiones.

Según él, hace falta mayor coordinación interinstitucional para que los esfuerzos sean más efectivos. Por tanto, se debe establecer cuáles son los alcances de cada autoridad involucrada en el proceso para que, en su ámbito, no sólo la Procuraduría General de la República, sino la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía y el propio Petróleos Mexicanos compartan bases de datos y determinen si existe una correlación entre los involucrados.

Queremos hacer modificaciones al Código de Procedimientos Penales para que se revisen más a detalle las condiciones en que se realizan estos ilícitos y que con esto pueda haber penalizaciones diferenciadas según el momento o circunstancia del robo , dijo a El Economista. El robo de hidrocarburos, que ha generado pérdidas por más de 100,000 millones de pesos en lo que va de esta administración, no se reduce a las tomas clandestinas en la red de ductos de la estatal, sino que se efectúa también en los puntos de salida de las terminales de reparto, a las pipas que circulan por diversas carreteras e incluso ya en transacciones de menor calado en establecimientos ajenos a Pemex.

Desde el 2015 se aprobó la nueva Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, y en abril pasado la Cámara de Diputados aprobó reformas que incrementan las penas para sancionar toda la cadena que colabora con los huachicoleros en el robo de hidrocarburos. La minuta fue turnada al Senado.

Las reformas establecen que cuando el robo sea menor o equivalente a 300 litros, se impondrá de cuatro a seis años de prisión; cuando sea mayor a 300 litros, de seis a 10 años de prisión. Cuando sea mayor a 1,000 litros, de 10 a 12 años de prisión, y cuando sea igual o mayor a 2,000 litros, de 12 a 17 años de prisión.

Asimismo, se sancionará de tres a siete años de prisión a cualquier servidor público que tenga conocimiento y no lo denuncie ante la autoridad competente. Contempla prisión de ocho a 12 años al que comercialice o transporte hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, cuando no contengan los marcadores o las demás especificaciones que para estos productos establezca la autoridad competente.