La peor caída del empleo formal para un mes de diciembre, en la última década, se presentó en el 2018 con la cancelación de 378,561 plazas laborales, un incremento de 12.1% respecto al mismo periodo del 2017; y se dio justo en el arranque de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que llevó al gobierno federal a revisar el fenómeno de la cancelación de puestos de trabajo cada fin de año, tratándose de una mala práctica.

De acuerdo con Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esta “mala práctica” se utiliza cada año para dar de baja alrededor de 260,000 empleos, “que ha sido el promedio de cancelaciones en la última década”, y se tiene identificado que ocurre en empresas grandes en sectores como: transformación, servicios para empresas, comercio y en la construcción, siendo éste último en que tiene la mayor cancelación de plazas laborales.

“El mayor número de caídas de diciembre, esto es el 2018, 128,000 empleos, corresponde a empresas de más de 1,000 trabajadores; es decir, son empresas muy grandes, si lo vemos empresas entre 251 y 500 va disminuyendo, efectivamente entre 51 y 250 empleados tiene un número importante, pero entre seis y 50 va disminuyendo e incluso empresas de menos de seis empleados”.

La razón, explicó el director del IMSS, pasar por el no pago de aguinaldo, pero también “cuestiones de evasión y discontinuidad de los derechos de los asegurados en el Seguro Social”.

Las estrategias

En ese sentido, el gobierno federal emprendió una serie de estrategias para frenar la caída del empleo de cada año; en donde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de manera coordinada con el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Infonavit, identificará a las empresas que cancelan “nóminas completas” sin razones justificadas por la estacionalidad.

La primera estrategia es identificar a los sectores que deben dar por concluido los contratos, ya sea eventuales o permanentes, por temas vinculados a los ciclos económicos o, en caso agrícola; como es el caso de los jornaleros agrícolas; quienes no tienen continuidad laboral, pero que se propone que, esos mismos jornaleros paguen su aseguramiento con base en su salario real mensual, y con ello tener derecho al aseguramiento durante todo el periodo completo, lo que le daría acceso efectivo a la seguridad social.

La segunda acción que emprenderá el gobierno federal para evitar la destrucción de empleo es flexibilizar los esquemas de incorporación al IMSS, con el propósito de permitir la inclusión de nuevos tipos de contratación, nuevos esquemas de aseguramiento para generar incentivos en la conservación de derechos para trabajadores que cesan su relación laboral y que se convierten en trabajadores independientes o autoempleados con derecho a pagar seguridad social.

Al respecto, Zoé Robledo dijo que “se debe de trabajar tanto tecnológicamente como en algunas partes del marco regulatorio, para que aquellas personas que reciben ingresos a través de plataformas digitales, por ejemplo, o como trabajadores independientes puedan ser sujetos al aseguramiento del Seguro Social en función de los ingresos que perciban y con ello se permita la continuidad del aseguramiento de estas personas que entran y salen al mercado laboral”.

La última estrategia será trabajar de manera coordinada entre el Infonavit, la Secretaría del Trabajo y el IMSS, para determinar “si estas bajas derivan de actividad propia del ciclo económico o de la empresa, o si lo que está ocurriendo realmente es una simulación con la finalidad de evadir cuotas obrero-patronales”.

En ese caso, se enviarán cartas invitación para propiciar la autorrevisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social y también para que haya un entendimiento de que si hay una práctica de esta naturaleza, no se va a permitir.

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