Después de 23 días la activista laboral Susana Prieto Terrazas, arropada por las grandes organizaciones sindicales de Estados Unidos (AFL-CIO, USW), así como sindicatos, especialistas y laboralistas mexicanos, logró la libertad este primero de julio en el marco de la entrada en vigor del T-MEC, que en sí mismo contiene reglas más duras sobre el cumplimiento de los derechos laborales.

Prieto Terrazas encabezó el movimiento 20/32 en el 2019 en el que llevó a paro a decenas de maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas, tras exigir el incremento del 20% al salario y el pago de 32,000 pesos de un bono para todos los trabajadores; además impulsar la creación de una nueva organización sindical.

Su detención el pasado 8 de junio provocó una gran movilización, e incluso un exhorto de la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde Luján, a la Fiscalía y al Poder Judicial del estado de Tamaulipas para que se cumpliera puntualmente con el debido proceso en el juicio que motivó la detención de la abogada Prieto Terrazas.

La principal acusación en contra de la abogada fue por los presuntos delitos de mitin, amenazas y coacción en perjuicio de la Junta Especial Número 6 de Conciliación y Arbitraje ubicada en esa ciudad de Tamaulipas.

De manera inmediata el líder sindical de la organización más importante de Estados Unidos, AFL-CIO, Richard Trumka, emitió una declaración en la que demandó la liberación de la defensora mexicana de los derechos de los trabajadores.

Asimismo, el pasado 30 de junio 60 Congresistas de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado, Michael Pompeo, para demandar la liberación de la abogada, pues el evento en sí mismo lo consideraron como una mala señal de la aplicación del capítulo laboral del T-MEC en México.

La Canacintra, Coparmex e Index, manifestaron su total respeto a los sindicatos, así como a la libertad de los trabajadores a organizarse; “sin embargo, rechazamos que alguien a nombre de la libertad sindical realice actos ilegales”.

Asimismo, exigieron a las autoridades federales, estatales y municipales a garantizar los derechos laborales, pero también la seguridad pública, la propiedad privada, el libre tránsito y el derecho al trabajo.

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