Estados Unidos tiene “una serie de preocupaciones” sobre cómo México está manejando sus obligaciones en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), manifestó este miércoles la titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), Katherine Tai.

Tai emitió ese mensaje durante una audiencia del subcomité de Apropiaciones de Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias relacionadas del Senado, sin especificar casos en concreto y también hizo un cuestionamiento a la primera reacción que sobre ello tuvo la secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier.

Según el medio estadounidense, Inside U.S. Trade, Tai refirió que ha expresado su preocupación a Clouthier, de quien dijo que “no tuvo reparos en plantear las preocupaciones de México sobre lo que estamos haciendo aquí en Estados Unidos”.

Estados Unidos, México y Canadá acordaron el mes pasado tener una reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC este año, un foro para revisiones de desempeño de implementación para los tres países. De acuerdo con la USTR, la reunión estaría programada “en las próximas semanas”.

Tai agregó que “no tiene miedo de usar las herramientas de aplicación” provistas en el T-MEC, las que pueden implicar un enfoque cooperativo o de confrontación, o una combinación de ambos.

“Para hacer justicia al T-MEC (...) necesitamos usar todas estas herramientas para ver si funcionan y luego mejorarlas y nuestro uso de ellas”, dijo Tai. “Ese es el punto de hacer un acuerdo comercial. No es ponerlo en un estante y mirarlo; es para asegurarse de que funcione”.

El pasado marzo, un total de 19 asociaciones industriales, comerciales y de investigación de Estados Unidos pidió a la USTR iniciar consultas con México sobre presuntas violaciones al T-MEC.

“El sector de energía de Estados Unidos se enfrenta a una gama cada vez mayor de obstáculos de acceso al mercado que son contrarios a los compromisos de México en el T-MEC (Artículo 2.3) en lo que respecta a la protección de la inversión de trato nacional en México y las exportaciones de equipos y recursos energéticos de Estados Unidos”, afirman las asociaciones.

Durante el último año, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió una serie de medidas regulatorias y administrativas que, según esas asociaciones, restringen la competencia de la inversión privada, extranjera y nacional con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afianzando su papel dominante en México y revirtiendo las reformas del mercado energético que habían sido consignadas en el T-MEC.

También las presuntas violaciones involucran a otras industrias como telecomunicaciones, farmacéutica, alimentos y electrónica, entre otras.

Por lo pronto, la administración del presidente Joe Biden inició en marzo un caso contra México por presunto tráfico ilegal de vida silvestre y madera a través de puertos mexicanos, dijo Tai en su testimonio.

La USTR está buscando información de la agencia de aduanas de México sobre esa disputa y espera recibir una respuesta “pronto”.

También en marzo, dos trabajadoras mexicanas presentaron la primera queja laboral contra Estados Unidos en virtud del T-MEC.

Adareli Ponce Hernández y Maritza Pérez Ovando afirmaron que se les negó reiteradamente la visa H-2 por ser mujeres.

Asimismo, ambas arguyeron que la discriminación basada en el sexo en los procesos de reclutamiento y contratación para trabajos en Estados Unidos les impide obtener las visas de trabajo necesarias.

En 2020, la desaceleración económica debido a la pandemia de Covid-19 resultó en una disminución de 12% en el comercio bilateral total de mercancías, a 538,100 millones de dólares, con un superávit de México de 112,700 millones.

Alertas más allá del sector energético

Además de los recientes intentos de cambios en la política energética y eléctrica de México, diversas asociaciones empresariales de EU enumeran otras alertas que obstaculizarían hacer negocios en el país:

• La posibilidad de que se presente en el Congreso mexicano un proyecto de ley sobre reguladores autónomos que podría incluir medidas que impacten en su independencia o disminuyan su presupuesto o experiencia técnica.

• El nuevo proyecto de ley cinematográfica y audiovisual del senador Ricardo Monreal contiene propuestas proteccionistas que, por ejemplo, impondrían una cuota de contenido local de 15% en las salas de cine.

• Los requisitos de prueba en el país propuestos por el Gobierno en febrero de 2020 (en la Disposición técnica IFT-012-2019) aumentarían los costos para las empresas estadounidenses que venden dispositivos móviles cubiertos y dañarían a las empresas que brindan servicios de prueba, inspección y certificación.

• La Cofepris ha retrasado las aprobaciones de nuevos ensayos clínicos y de nuevos productos agrícolas bioterapéuticos y biotecnológicos, y no ha sido transparente en sus procesos de aprobación regulatoria.

roberto.morales@eleconomista.mx