En medio de una crisis de corrupción que enfrenta México, surge la norma antisoborno ISO 37001 que pretende no sólo ser un aliada del sector empresarial como una herramienta que blinde a los negocios de estas prácticas, ya sea entre empresas o con el gobierno, sino que también apuesta a disminuir el nivel de impunidad en nuestro país, afirmó Pablo Corona, director general adjunto de NYCE Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación (SIGE).

El responsable del nuevo sistema explicó que aquellas empresas que se certifiquen con esta norma, la cual nació hace dos años, podrán demostrar que su empresa u organización opere conforme a las mejores prácticas internacionales en la lucha contra la corrupción.

“Los países que mayor tienen incidencia de soborno, como Italia, Brasil, México y España, son los promotores de los temas. Surge de la necesidad de los países que hacen negocios para disminuir esas situaciones que de alguna manera merman a las economías”, refirió en entrevista con El Economista.

NYCE SIGE es el organismo que acredita a las empresas con la norma, como si fuera una norma de calidad, medio ambiente o seguridad, pero ahora, ante la necesidad de mejorar el clima de negocios y reducir costos a las empresas por malas prácticas de soborno, se establecen mecanismos para actuar antes, durante la actividad y actuar en consecuencia con sanciones.

De acuerdo con la base de datos del sector empresarial, en México la corrupción tiene un costo anual de 9% del Producto Interno Bruto (PIB), y las empresas pierden hasta 5% de sus ventas por el soborno.

México acumula 12 años con índices de corrupción a la baja, pues datos de Transparencia Internacional revelan que retrocedió tres lugares más en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018.

Pablo Corona sostuvo que NYCE SIGE como organismo certificador del sector privado está listo para iniciar los procesos de la norma internacional, la cual ha funcionado en países como Italia y Brasil, en apoyo del gobierno.

“La principal política del nuevo gobierno es cómo acabar con la corrupción y enfrentar el problema. La norma antisoborno surge en el mejor momento; por un lado el gobierno se da cuenta de que el soborno es una situación que nos duele, como país, nosotros como iniciativa privada lo vemos y nos subimos a ese tema bajo estándares internacionales para frenar este ilícito”, agregó el representante del ente normalizador.

A fin de dar pasos a una cultura que limite las prácticas de soborno, hasta el momento se trabaja con 50 empresas que se certificarán. En tanto, existen otras 12 que ya están certificadas y se someten a revisiones, concientización de personal y prácticas delimiten caer en el soborno.

Aunque el costo varía dependiendo de las necesidades, la certificación podría ir desde 50,000 pesos a 100,000 pesos.

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