El Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), que grava en 3.0% los servicios de telecomunicaciones salvo la telefonía rural y los accesos a Internet, ha incumplido con las expectativas recaudatorias del Estado a poco más de ocho años de su aplicación. De hecho, desde el año 2014 y hasta 2018 el gobierno ha ido achicando su meta de recaudación a través de este gravamen y todavía así la colecta se ha quedado lejos de lo previsto por el Congreso en la Ley de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales de 2014 a 2017.

El IEPS a telecomunicaciones tuvo sus mejores años en 2011 y 2013. En esos periodos este impuesto recaudó 15.5 y 16.02% más a lo perfilado por la Cámara de Diputados cuando aprobó la Ley de Ingresos.

No ocurrió así en el resto de los ejercicios. En 2010, el Estado recaudó 39.96% menos a lo fijado; en 2012, 2015 y 2016 las recaudaciones estuvieron entre 18.02 y 18.60% lejos de la meta. En 2017 la recaudación quedó 14.15% distante de la expectativa.

Para el año 2010, el Constituyente había aprobado, a propuesta del Ejecutivo, una meta de recaudación de 9,786 millones de pesos, pero entonces los ingresos sumaron 5,875 millones de pesos. Para el ejercicio del año 2018, el Estado tiene como objetivo levantar 6,465 millones de pesos de los contribuyentes.

El IEPS, ideado en el gobierno de Felipe Calderón como otra medida fiscal más para enfrentar una serie externalidades financieras y el desplome del 6.5% en el PIB de la economía mexicana por la crisis de 2009 que golpearon a las finanzas públicas del país, ha significado una carga  para la industria, que desde entonces ha venido modificando los precios de sus paquetes de servicios para mantenerlos competitivos con este impuesto que después traspasa al consumidor final. Un ejemplo es la telefónica Telmex, cuyo paquete básico de telefonía fija más Internet lo ha venido ofertando en el mercado a 389 pesos por mes antes y después la aparición del IEPS.

La industria de telecomunicaciones lleva casi una década en la pugna por la desaparición de este gravamen, con el argumento de que potenciar la penetración de la banda ancha móvil y otros servicios como la televisión de paga o la telefonía celular se traducirá en montos de recaudación más elevados por volumen y/o valor agregado de servicios.

La Asociación Nacional de Telecomunicaciones, que agrupa a buena parte de los empresarios de esa industria en México, ha mantenido una posición de que los recaudos por este impuesto representan un impacto poco significativo para las finanzas públicas del país, como para mantenerlo vivo. 

El sector telecom ha crecido en la última década a una tasa promedio de tres veces mayor que el resto de la economía en su conjunto. La industria representa más del 3.1% del PIB de México y todos los sectores de la sociedad se benefician con los adelantos tecnológicos, por lo que gravar un insumo básico como lo son las comunicaciones fijas, móviles o la televisión restringida afecta el buen desempeño de la economía y del sector mismo, dice la Anatel en un informe sobre el IEPS al que califica como el “teleimpuesto”.    

México vive un momento histórico distinto al de hace una década, cuando, aún con los rechazos de los agentes económicos hacia este impuesto, se trató de comprender su ejecución. Pero la cara del mercado, de los adelantos tecnológicos, las necesidades de los consumidores y las regulaciones son otras, las que fueron apareciendo tras la reforma sectorial de 2013 y 2014.

“Quizá hace ocho años se justificaba el IEPS, pero no cuando se consagró el derecho de acceso a las TIC. Ahora se requieren estímulos e incluso subsidios para alcanzar el acceso digital universal que también está en la Constitución. En lo que hay que avanzar es en incrementar la cobertura y la base de usuarios, además de que las empresas puedan dar todos los servicios para que la competencia reduzca precios, pero crezca la base de usuarios. Hay más ventajas en confiar en el modelo de negocio de la industria que en gravarla”, dice Jorge Bravo, analista en Mediatelecom Policy & Law.

Está en las autoridades hacendarias y en el Congreso de la Unión tener la sensibilidad para definir el futuro del IEPS a los servicios de telecomunicaciones; “hay margen de maniobra”, dicen exponen los especialistas consultados.  

“Es un buen momento para que este impuesto en telecomunicaciones desaparezca. (La inexistencia) de este impuesto puede compensarse con otros, como IVA, ISR, ya que son impuestos federales, además de que lo que recauda el gobierno no es representativo. En términos de telecomunicaciones, este es un impuesto innecesario. Incluso, en un año electoral, quitar un impuesto como este que no es tan representativo, ayuda”, explica Jessica Escareño, directora en el despacho contable Jesca Consultores.

La Secretaría de Hacienda perfila un total de 4.7 billones de pesos por ingresos en 2018, 3.6% más a la cifra de 2017. La dependencia confía en que las cuentas se lograrán gracias a la ampliación de la base de contribuyentes y la disciplina fiscal que ha venido manteniendo el gobierno en los últimos años.

En una comparativa de la recaudación prevista por IEPS entre 2010 y 2018, el objetivo del Congreso, la Secretaría de Hacienda y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se ha reducido en 33.93%, de 9,786 millones esperados en 2010, a 6,465 millones previstos para este año.

“El impacto del IEPS en los servicios de telecomunicaciones tiene que ser analizado desde una perspectiva dinámica, más que estática. El análisis debería comprender el impacto que la eliminación del IEPS tendría sobre el incremento en la demanda de los servicios hoy gravados y, así, sobre la recaudación total generada por el sector”, comenta Víctor Pavón-Villamayor, presidente ejecutivo de Oxford Competition Economics.