El próximo viernes autoridades de la Procuraduría Fiscal, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), presentarán un informe sobre la subcontratación poniendo énfasis en las afectaciones que ello significa para los trabajadores y para la hacienda pública, que supera los 21,000 millones de pesos de daño al fisco.

Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina en donde destacó que aún se está definiendo cómo será la propuesta, pues “lo que no queremos es que sea en una reforma que puedan burlar de nuevo”.

Asimismo, dijo que “se supone que, en apego estricto a la Ley Federal del Trabajo, quien contrata al trabajador tiene que cumplir con ciertas obligaciones, pago de un salario justo, la inscripción al Seguro Social, que eso a veces no se realiza por estas empresas intermediarias o manifiestan que los trabajadores ganan menos para no pagar las cuotas destinadas a la Seguridad Social”.

El mandatario también dijo que ya se intentó regular el modelo de subcontratación, “pero hay quienes no ayudan. Son de esas decisiones en los que pagan justos por pecadores”.

Aunque reconoció que existen empresarios responsables, señaló que “hay otros que en el sentido estricto ni siquiera son empresarios, son coyotes, traficantes de influencias que abusan de estos mecanismos de contratación de trabajadores, y se afecta a trabajadores”.

A ello, el mandatario federal recordó que al inicio de la pandemia hubo denuncias sobre despidos de trabajadores a los cuales no se le reconoció ningún derecho gracias a este tipo de contratación.

Esto, dijo, permite despedir a trabajadores a finales de año para evitar el pago de prestaciones y después recontratarlos en enero sin derecho a antigüedad.

“Se abusó. Son las llamadas reformas estructurales, que no se hicieron pensando en beneficiar los trabajadores, no se hicieron pensando en beneficiar al pueblo: se hicieron pensando en beneficiar a un grupo, a una minoría”, subrayó.

Asimismo, López Obrador afirmó que el outsourcing ha permitido la evasión fiscal de más de 21 mil millones de pesos, por lo que no se puede permitir que una empresa contratada por ella misma se dedique a evadir impuestos, porque muchas veces los empresarios ni siquiera saben cómo operan estas empresas.

Al respecto, Pablo Franco, presidente de la Unión de presidente de la Unión de Juristas de México, comentó que “es innegable que ha habido un abuso de la figura y que ha propiciado grandes pérdidas al erario por haberse utilizado como un medio de elusión y evasión fiscal. La prohibición de la terciarización tendría que hacerse como un primer paso para una auténtica regulación del outsourcing necesario; y permitir que donde sea indispensable y justificado se lleve a cabo en un marco de respeto a los derechos de terceros o sea las personas trabajadoras y sin conductas de elusión y evasión fiscal”.

Datos del último censo económico levantado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) detallan que en el país hay 4.6 millones de trabajadores bajo la figura de subcontratación; lo que representa el 13% de la participación en el total de ocupados en el país, con un crecimiento de 31% entre el 2014 y el 2019 cuando se presentaron los datos.

Oscar de la Vega, especialista laboral en la materia del despacho D&M Abogados, comentó que si bien no se puede cancelar la figura de subcontratación, sobre todo en donde industrias dependen de ello como la automotriz, el gobierno federal debe enfocarse a las malas prácticas “que de ninguna manera son defendibles”.

pilar.martinez@eleconomista.mx