Cancún, QR. El director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Alejandro Varela Arellano, informó que el lunes pasado interpusieron una queja que impugna la suspensión provisional concedida por un Tribunal de Campeche que mandata no avanzar en la ejecución de obra del Tren Maya.

Varela Arellano aseguró que independientemente de ese recurso, las licitaciones continuarán, ya que estos procedimientos son parte de la etapa preparatoria del proyecto y no de la fase ejecutoria que, dijo, sí está suspendida temporalmente por el recurso de amparo.

“Existe jurisprudencia firme en México que establece que las licitaciones no son parte de ejecución de una obra, sino parte del proceso preparativo, por lo que seguirán adelante con estos procedimientos”, indicó el funcionario, quien, además, adelantó que en breve se publicará la licitación del tramo Cancún-Tulum en Quintana Roo

Recordó que el recurso de amparo interpuesto tiene tres actos reclamados: la consulta a las comunidades indígenas, la aprobación del proyecto en asambleas de los pueblos originarios y la cancelación del Tren Maya.

Los dos primeros fueron desechados por el tribunal de Campeche, al tratarse de actos ya consumados, mientras que sí procedió la suspensión provisional en el tercer alegato, relacionado con la cancelación del proyecto federal.

La queja interpuesta por Fonatur, explicó Varela Arellano, argumenta que un juez no puede suspender una vía federal de comunicación, como sucede en el caso del tramo Palenque-Escárcega, en donde existe una vía férrea actualmente operativa.

“Es como si pidiera un juez que no repavimenten una carretera. Las vías federales por mandato judicial no se pueden suspender; en este caso menos de 1% de una comunidad se queja del proyecto. Si fuera así, dónde quedarían los derechos de los pueblos originarios que sí se manifestaron a favor del Tren Maya en Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Chiapas”, dijo Varela.

Según el director jurídico de Fonatur, Romel González, miembro y fundador del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), –organismo que promovió el recurso de amparo–, no nació en Calakmul, “nosotros convocamos a las autoridades indígenas que tienen cargos ejidales, municipales que forman parte de los usos y costumbre de la autodeterminación de las comunidades originarias. Ninguno de los 18 quejosos que presentó el amparo es autoridad ejidal, municipal como se autodenominan”.

Dijo que si el tribunal considera ratificar la suspensión y conceder la suspensión definitiva, “que lo haga para Xpujil, únicamente, no para los 1,500 kilómetros de recorrido que tiene el Tren Maya”. 

“Justo sobre eso versa nuestra queja, no hay elementos para la suspensión definitiva porque un requisito indispensable para que proceda es que no atente contra el interés social ni contra el orden público. El interés social son las 80 comunidades cuyos líderes representantes legítimos, sí dieron su anuencia para el Tren Maya”, insistió.

El pasado 28 de enero, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) dio a conocer que comunidades indígenas integrantes del CRIPX lograron la suspensión provisional del Tren Maya, luego de presentar un amparo por violaciones a sus derechos durante la consulta indígena ordenada por el gobierno federal.

El Cemda sostuvo que la autoridad judicial en Campeche ordenó a las autoridades abstenerse de decretar la aprobación de dicho proyecto, o bien, al haber sido decretada dicha aprobación, abstenerse de realizar actos tendientes a la ejecución de la obra, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva.

kg