Las empresas establecidas en México enfrentarán presión tanto de Estados Unidos y Canadá como del propio México respecto al cumplimiento de las disposiciones legales laborales, destacaron altos funcionarios de la región.

A diferencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el T-MEC requiere que las partes no solo hagan cumplir sus propias leyes, sino que también adopten y mantengan leyes sobre los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1998 sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, afirmó recientemente que Estados Unidos y México están “listos para funcionar” con el nuevo mecanismo laboral de respuesta rápida, con el cual un panel puede resolver una controversia en tan sólo seis meses, desde que se recibe la denuncia hasta que se dicta el fallo.

“Esperamos iniciar acciones tan pronto como pensemos que hay una violación”, dijo.

Al respecto, la Secretaría de Economía aclaró que no serán las empresas las que puedan levantar directamente el panel de resolución de controversias, sino que éstas llevarían la denuncia a sus respectivos gobiernos y cada uno de ellos, una vez evaluados los argumentos, solicitarían el panel en su caso.

Por su parte, Jesús Seade, negociador principal de México en el cierre del T-MEC, resaltó que la cuestión laboral es de alta prioridad para México. “El principal beneficio no viene de las condiciones para la industria automotriz, de las reglas de origen; sino que viene del área laboral, del acuerdo laboral”, dijo Seade, en su última conferencia, el 9 de junio.

“Hemos habilitado el Tratado como un instrumento importante para finalmente lograr lo que el Presidente venía peleando por ello hace años, y que muchos en México extrañábamos amargamente, que es un mejor ambiente laboral, de respeto a los derechos de los trabajadores, lo cual no sólo es moralmente necesario, sino económicamente necesario para ser eficientes y modernos”, añadió.

En una tercera vertiente, los principales sindicados estadounidenses, que respaldaron el texto final del T-MEC, están interesados en comprobar la eficiencia con los paneles laborales, a la vez que tienen una estrecha relación con sus contrapartes de Canadá.

El T-MEC incluye un anexo que obliga al gobierno mexicano a incluir disposiciones en su legislación interna para asegurar que, previo al registro inicial de un contrato colectivo de trabajo o durante la revisión del mismo, mediante el voto individual y secreto de los trabajadores, el contrato cuente con el apoyo de la mayoría de los trabajadores.

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