Las principales asociaciones del sector energético nacional, que representan a más de 340 empresas afiliadas, enviaron a los candidatos a la Presidencia de la República un decálogo de solicitudes para garantizar la seguridad y competitividad del país, e invitaron a los candidatos a analizar discutir y definir un plan de acción en torno a estos principios.

En la misiva firmada por las asociaciones: Mexicana de Gas Natural (AMGN), de Energía Solar Fotovoltaica (Asolmex); Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi); Mexicana de Energía (AME), y Mexicana de Energía Eólica (Amdee), se requiere en primer término mantener el impulso a las inversiones, con certidumbre jurídica que garantice la continuidad de los proyectos implementados hasta el momento.

Como segundo punto solicitaron continuidad en las licitaciones petroleras y eléctricas, basadas en planes técnicos y las necesidades del país.

En tercer término, se pidió revisión, publicación y actualización de leyes y reglamentos. “Estos ordenamientos deben estar sujetos a revisión y consulta pública para impulsar la creación de un mercado competitivo y con piso parejo para los participantes. De igual forma, se debe garantizar que los órganos reguladores cuenten con el respaldo jurídico que garantice la independencia de su actuar”, detallaron.

Como cuarto punto, solicitaron seguridad para personal e infraestructura, considerando que es necesario incluir en la estrategia de seguridad nacional las zonas y regiones donde se construyen proyectos energéticos.

En quinto lugar, piden coordinación entre los tres niveles de gobierno, a fin de construir infraestructura de forma ágil y ordenada.

El punto seis del decálogo solicita la formación de capital humano especializado para cubrir la demanda del sector, por lo que consideran que se deben fomentar programas de formación y capacitación para profesionales que cubran la demanda del mercado energético en todos los niveles educativos, desde vocacional hasta posgrado.

En séptimo lugar piden que se mantenga el impulso a energías limpias para cumplir las metas medioambientales, al menos de 35% de energía limpia en 2024, en alineación con el Acuerdo de París y la Ley de Transición Energética.

Como octavo punto solicitan la consolidación de los procesos de evaluación social y consultas indígenas, por lo que “es importante concluir el marco legal e implementar procesos ágiles, transparentes, respetuosos, en estricto apego a los derechos humanos y que den certidumbre a todas las partes involucradas”.

El punto nueve, pide aprovechamiento de oportunidades para la manufactura y proveeduría de servicios nacionales. Y finalmente, en décimo término solicitan transparencia que garantice el libre acceso a la información de los contratos firmados por el Estado mexicano además de que es clave incrementar la independencia técnica y financiera de los reguladores del país.

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