El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, emitió la declaratoria de publicidad de la minuta por la que se expide la nueva Ley de Amparo, cuya discusión y eventual aprobación se realizará entre martes y jueves de la próxima semana.

En los hechos, se incumplió así con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, máximo órgano de gobierno interno, tomado por los coordinadores parlamentarios desde la semana pasada, en el sentido de votar ayer el citado decreto.

El perredista Fernando Zárate Salgado (PRD) informó que 99% de la nueva Ley de Amparo ya se procesó y consensuó, aunque sigue habiendo discusión en lo referente a los artículos 5 y 129.

La única controversia que existe es respecto de dos supuestos. Uno, el artículo quinto, que amplía el amparo a particulares; y dos, la suspensión, específicamente en lo que toca a los concesionarios del 27 Constitucional, es decir, de tierra, aire, suelo, subsuelo y telecomunicaciones. Son cuatro materias que no es poca cosa, sino es lo que representa la gran riqueza de nuestro país…’’.

Y es que, de acuerdo con el decreto pendiente de votación, no se podrá otorgar suspensión a quienes impidan u obstaculicen la explotación de dichos bienes, decisión que ha sido fuertemente impugnada por la Iniciativa Privada.

Tal como demanda el sector empresarial del país, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) mantiene su propuesta de eliminar las fracciones XI y XIII del artículo 129.

Éstas se refieren a que se considerará que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando, de concederse la suspensión: Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad’’. O: Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el Artículo 27 de la Constitución .

La demanda del Consejo Coordinador Empresarial a la Cámara de Diputados consiste en eliminar las fracciones que impiden la procedencia del amparo en casos de actos de autoridad que tienen ver con bienes de dominio directo de la nación y con entidades financieras.

rramos@eleconomista.com.mx