La próxima reforma tributaria que pretende entregarse como una Miscelánea Fiscal debe buscar ingresos adicionales de 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para cumplir con las obligaciones constitucionales en materia de educación, salud, pensiones, inversión en obra pública y de servicios. “Esa debe de ser la expectativa de la reforma", planteó Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador del grupo de transición hacendaria de la Cámara de diputados.

La proyección hecha por Ramírez Cuéllar, está muy por encima de la que planteó Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que ella estimó obtener ingresos de 200,000 millones de pesos adicionales a los de este año que es el equivalente a 1% del PIB, esto en el primer año de su aplicación.

“Estamos por tener el primer proyecto de los requerimientos de gasto de los próximos tres años para cumplir con las obligaciones de los cambios que hemos hecho en el Congreso, a partir de ahí vamos a derivar las posibles fuentes de ingreso”, acotó. 

En entrevista, el diputado de Morena dijo que el grupo de transición está revisando el Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF). Además, tienen en la mira la progresividad del Impuesto sobre la Renta (ISR) de Grandes Contribuyentes. “Estamos haciendo una inspección completa de todas las revisiones fiscales que en estos momentos rigen al país”.

Tapar hoyos

El SAT ha mostrado que la tasa efectiva de ISR de Grandes Contribuyentes fue de 1.33% en el 2020, la cantidad más baja de los últimos cinco años; en cambio las personas físicas pagaron 25.3% de impuesto; a lo cual Ramírez Cuéllar comentó que se tienen que “tapar todos los hoyos” que permiten la evasión y elusión fiscal ya que es ahí en donde hay una fuga importante de recursos económicos.

“Las diferencias entre las tasas efectivas de ISR pagadas (por Grandes Contribuyentes) son una diferencia muy grande que está dañando de manera severa las finanzas públicas. Los cambios de ISR deben de favorecer a la clase media y tiene que ser una reforma fiscal que fortalezca los sectores medios y también a la mayoría de los trabajadores”, acotó.

En otra cuestión el grupo de diputados está a la espera de las resoluciones que dictamine la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en cuanto a la tasa impositiva para plataformas digitales, así como de la implementación del Impuesto Mínimo Corporativo apenas acordado por el G-7.

Recordó que otra fuente de ingresos al erario público sería la legalización del uso responsable de la mariguana que actualmente está detenida en la Cámara baja. En caso de que se autorice la iniciativa de su consumo se proyecta una recaudación de 18,700 millones de pesos adicionales.

“México debe de incorporarse a la tendencia progresista internacional (...) llegó la hora de que el país se una a este nuevo ciclo histórico de política expansiva de gasto que encabeza el gobierno de Estados Unidos y que puede tener repercusiones en una transformación radical en el modelo económico”, acotó el zacatecano.

Se necesitan cambios estructurales en material fiscal y pese a que Morena perdió la mayoría calificada en San Lázaro, el entrevistado no considera esto como un obstáculo para que se apruebe la reforma.

“A pesar de las diferencias políticas debemos llegar a un acuerdo (...) Tenemos que hacer una evaluación de las grandes carencias que se han agravado derivado de la pandemia, no podemos seguir con esta inercia cuando se han agravado los problemas de salud, los educativos y la necesidad de inversión en apoyo las pequeñas y medianas empresas para hacer un procesos de crecimiento sostenible”. 

Gasto en pensiones

En materia de pensiones, dijo, el gasto de la Pensión Universal para los Adulto Mayores (no contributivas) y de las pensiones de los trabajadores que cotizaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o Petróleos Mexicanos (contributivas) es mayor a la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es cercana a 1 billón de pesos, y por lo tanto ejercen un fuerte impacto en las finanzas públicas.

“Debemos encontrar una solución porque la pensión contributiva y la no contributiva nos están demandando un gasto anual de 1.2 billones de pesos, si no se encuentran fuentes de ingresos que den sostenibilidad al gasto en este rubro entraremos en un problema”, comentó.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estimó que al finalizar el 2021 se gastará 5% del PIB para financiar el sistema de pensiones en el país y para el 2024 la cifra ascenderá a 6.5 por ciento.

Este mes entró en vigor el aumento de 15% para la pensión universal y en los próximos tres años subirá 20% hasta llegar a 6,000 pesos bimestral. Además, al bajar la edad de beneficio a 65 años se requiere 23% más de recursos públicos a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, esto de acuerdo con el CIEP.

Convención Nacional Hacendaria

Otro tema que analiza el grupo de transición hacendaria es la situación que actualmente atraviesan los gobiernos estatales y municipales, por ello la necesidad de una Convención Nacional Hacendaria.

“Es un tema que no se debe posponer porque muchos estados están endeudados a corto plazo y se van a meter en una crisis muy fuerte en cuanto a sus finanzas. Esto puede generar una relación complicada con las instituciones bancarias ante la imposibilidad del pago”, dijo.

Derivado de las elecciones intermedias Morena ganó 11 gubernaturas, lo cual suma un total de 17 gobiernos bajo su batuta, entonces para el entrevistado con esta nueva configuración hay mejores condiciones para llegar a un acuerdo entre municipios, estados y la Federación.

santiago.renteria@eleconomista.mx