El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022 ignora los gastos asociados a la reforma eléctrica que propuso el Ejecutivo, por lo que, de aprobarse el proyecto de gasto de gobierno para el siguiente año quedaría descuadrado, advirtió ante legisladores Enrique Cárdenas, presidente de la Asociación Civil Signos Vitales y exdirector del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Aprobar la reforma costaría alrededor de 85,000 millones de dólares por compensaciones a entidades privadas, indemnizaciones y litigios asociados a demandas, de acuerdo con un análisis de Citibanamex publicado el pasado 12 de octubre.

“Este presupuesto no toma en cuenta en lo absoluto la aprobación potencial de la reforma energética y las consecuencias presupuestales que ésta tendría en el corto plazo. Este presupuesto no está preparado para esa eventualidad. Lo que significa que cuando ustedes revisen esa iniciativa de cambio constitucional tendrán, por ley, que tener un estimado del costo que eso va a significar”, dijo Cárdenas durante su participación en la mesa de Parlamento Abierto que se llevó a cabo el viernes en la Cámara de Diputados para el análisis del PPEF del próximo año.

El pasado 1 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma eléctrica con la que se busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La iniciativa plantea devolver a la CFE el monopolio de la comercialización de energía eléctrica y establecer un tope de 46% a la participación del sector privado en la generación eléctrica.

Además, instruye la cancelación de todos los permisos otorgados a privados de generación de electricidad vigentes para sustituirlos con nuevos; también considera la desaparición del modelo de sociedades de autoabastecimiento, así como y la disolución del mecanismo del mercado eléctrico mayorista, que actualmente permite que grandes consumidores se abastezcan de electricidad.

Este presupuesto tal y como está planteado no contempla la aprobación de la reforma energética. Y si se llegara a aprobar desbarataría totalmente la lógica de este presupuesto y habría que volver a sentarse”, dijo el especialista.

El pasado 15 de octubre, Manuel Bartlett, director de la CFE, aseguró en conferencia de prensa que no indemnizará a las empresas con las que tiene contratos de suministro de energía una vez que entre en vigor la Reforma Eléctrica y éstos sean cancelados.

Golpe a la confianza de los inversionistas

Por otra parte Cárdenas explicó que en México se está ensanchando la divergencia entre el PIB potencial y el observado, no sólo por el impacto de la pandemia de Covid-19, sino por la falta de inversión pública y la desconfianza que ha generado el gobierno para la llegada de inversión privada.

“El PIB, en lugar de seguir creciendo (...) al perder inversión, se va abriendo la brecha entre lo que sería el PIB que estaríamos teniendo normalmente y el PIB que realmente vamos a tener (...) Esa brecha, en el segundo trimestre del 2020, el Banxico la calculaba en 17.9%”, explicó.

“Estimamos que la inversión fija bruta será aproximadamente 15% menor en el 2021 que en el 2018, antes del inicio de la administración de AMLO. Atribuimos la mayor parte de esta caída directamente con la disminución de la confianza empresarial luego de la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco en octubre de 2018”, agregaron los analistas de Citibanamex en su reporte.

Para el próximo año, el gobierno federal propone un gasto público en inversión que sumaría 982,288 millones de pesos, de es total 55% se destinará a energía y combustibles, de acuerdo con datos del CIEP. Es decir, a los proyectos prioritarios del Presidente.

Una concentración en muy pocos proyectos que a su vez no tienen las externalidades que deberían tener, es decir, mayor generación de inversión privada”, dijo Cárdenas frente a diputados.

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2022, estima que los ingresos presupuestarios; es decir, ingresos totales sin incluir financiamiento, serán de 6.1 billones de pesos y un gasto neto total de 7.04 billones de pesos.

ilse.santarita@eleconomista.mx