La Junta Federal de Control ordenó a Puerto Rico recortar 10% su sistema de pensiones públicas, imponer licencias a miles de trabajadores del gobierno y eliminar los bonos de Navidad para lograr un ahorro fiscal inmediato en medio de la recesión económica.

La junta, de siete miembros y creada por el Congreso de Estados Unidos para supervisar las finanzas de Puerto Rico, aprobó por unanimidad la inclusión de esas medidas en el plan fiscal a 10 años presentado por Ricardo Rosselló, gobernador de la isla.

Los integrantes de la junta dijeron que es necesario que el gobierno de la isla recorte el gasto para que tenga recursos con qué financiar el funcionamiento de servicios esenciales como educación, salud y la seguridad pública.

Puerto Rico está a punto de naufragar , declaró David Skeel, quien es miembro de la junta. El endeudamiento ha rebasado la capacidad de la isla. Puerto Rico afronta el peligro real de quedarse sin dinero incluso para cubrir los servicios más elementales .

Skeel y otros integrantes de la junta que se reunieron en Nueva York dijeron que el plan demanda que absolutamente todos en la isla, que cuenta con 3.4 millones de habitantes, hagan sacrificios.

Roselló se había opuesto a los recortes de la junta con el argumento de que afectarían terriblemente a muchas personas en Puerto Rico, cuya deuda pública asciende a casi 70,000 millones de dólares. El gobierno de la isla pretende una reestructuración de ese pasivo.

Roselló declaró a The Associated Press que estaba satisfecho con el plan y confió en que su gobierno encontrará maneras para evitar las licencias obligatorias y la eliminación de los bonos de Navidad.

Ese es el objetivo, declaró el gobernador por teléfono. El gobierno local está adoptando medidas para garantizar la reactivación de la economía y la isla avanza mucho mejor, aseguró.

Elías Sánchez, representante del gobernador ante la junta, aseveró a la AP que el gobierno de la isla espera evitar al menos la primera ronda de licencias obligatorias para los trabajadores si muestra que contará, para el 30 de junio, con reservas de efectivo por 200 millones de dólares.

Sánchez elogió la aprobación de la junta al afirmar que es un plan bien pensado, que no oculta los grandes desafíos que se enfrentan.

Sin embargo, persisten las discrepancias entre la junta y el gobierno de Puerto Rico sobre los recortes al sistema público de pensiones que afectará a cientos de miles de trabajadores gubernamentales.