La oferta de pago que hizo el gobierno argentino la semana pasada abrió una grieta entre los fondos especulativos. El fondo Aurelius, uno de los holdouts más intransigentes, denunció que el país "compró el apoyo" de EM, la firma del magnate Kenneth Dart, a cambio del "pago íntegro", sin quita, de la sentencia a su favor. Más allá de la acusación, desmentida por los negociadores, la declaración de Aurelius dejó en claro que la negociación no está cerrada y que el éxito del Gobierno depende del juez Thomas Griesa.

La Argentina "compró el apoyo de Dart al acordar pagar su reclamo íntegro", aseveró Aurelius, el fondo de Mark Brodsky, en un comunicado. Brodsky, ex trader de Elliot, la firma de Paul Singer que administra el fondo NML, actúa en tándem con su ex jefe. Como publicó el lunes el diario El Cronista, ambos encabezan el grupo más reticente a la propuesta argentina, con juicios contra el país por 4000 millones de dólares.

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Por el momento, EM y Montreux son los dos fondos que aceptaron la propuesta argentina, que supone un reclamo de 27.5% (hasta el 19 de febrero inclusive; luego de 30%) sobre el monto de la sentencia. Entre ambos suman reclamos por 773.4 millones de dólares, o 7.8% de los 9,882 millones de dólares que reconoció Argentina.

Otros fondos, como NML, Aurelius, Olifant, Blue Angel y otros rechazaron la oferta o pidieron tiempo para estudiarla, afirmó el mediador Daniel Pollack el viernes. En el medio hay un grupos de pequeños bonistas y otros fondos. En el mercado descuentan que los pequeños acreedores aceptarían poner fin al litigio.

"Es muy temprano para asumir que el presidente Macri entiende las oportunidades económicas sin precedentes que un acuerdo total representa, o que está dispuesto a tomar las riendas completas de liderazgo y decirle al público argentino (y a los legisladores) por qué una resolución es un imperativo", consideró en un reporte el analista de Graham-Fisher Joshua Rosner. Graham-Fisher suele publicar informes alineados con las posiciones más extremas de los fondos buitre, y no opinó sobre las negociaciones de las últimas semanas hasta este lunes.

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"Si bien los acuerdos anunciados el viernes fueron ciertamente positivos, representan sólo el 14% de los bonos pendientes que deben ser arreglados", consideró.

"Por lo tanto -siguió Rosner-, es razonable creer que (los fondos) saben que pueden hacerlo mejor que la oferta de la última semana, con un descuento de 25%, y que pueden esperar un acuerdo mucho más cercano a lo que las sentencias judiciales les concedieron".

El abogado Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas Etchebarne Kelly, afirmó: "El Gobierno mostró apuro e hizo una oferta muy generosa muy rápido". Y agregó: "Los bonistas en mejor posición legal se pusieron muy duros pidiendo más. Entre 75% y 90% del claim (litigio) no hay tanta diferencia.

Ese apuro se va a trasladar ahora a una pelea judicial que quizás lleve más tiempo del pensado. Salvo que Argentina afloje", afirmó el especialista. Argentina ofreció pagar 6,500 millones de dólares en efectivo, con quitas de entre 27.5% y 30% a quienes tengan sentencias firmes o un pago de 150% del capital a los tenedores de títulos en default sin fallo judicial.

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Está sujeta a la aprobación del Congreso y a que la justicia de Nueva York levante las restricciones que impiden al país pagar sus vencimientos reestructurados y emitir nueva deuda, con la que se conseguirá el dinero.

Al respecto, el lunes el Gobierno argentino tenía expectativa de que el juez Griesa levante las restricciones cuanto antes. Cuenta a su favor con la posición pública del secretario del Tesoro estadounidense, Jacob Lew, y, sobre todo, con la recomendación del mediador Pollack.

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Sin embargo, un grupo de ocho acreedores con acciones de clase que pretenden ingresar al juicio como "me too" pidieron este lunes al juez que "no levante las medidas cautelares a menos que o hasta tanto la Argentina alcance términos de pago aceptable por todos los acreedores", y advirtieron que pedirán una nueva cautelar si Griesa convalida la posición del país.

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