El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, aseguró que la nueva Ley de Tesorería de la Federación (LTF) constituye una pieza clave para asegurar que los recursos del erario público se administren de forma eficiente y transparente, coadyuvando con ello a la rendición de cuentas.

Esta nueva ley fortalece a la Tesorería como una institución de vanguardia en términos de buenas prácticas, ya que sustenta su operación en medios electrónicos de pago , argumentó.

En un comunicado, la dependencia federal agregó que la LTF favorece la centralización en la administración de los recursos financieros, evitando la existencia de éstos en múltiples cuentas bancarias.

Otro de los beneficios, enlistó, es que los pagos se realizan directamente a las cuentas bancarias de los beneficiarios finales y se promueve la inclusión financiera entre los beneficiarios de los pagos del gobierno federal, como los de programas sociales.

El pasado 1 de enero del 2016 entró en vigor la Ley de Tesorería de la Federación que deroga la anterior Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación (LSTF) que data del 31 de diciembre de 1985.

La SHCP enfatizó que la Tesorería se ha consolidado como la entidad que administra de manera directa la mayor parte de los recursos presupuestarios, además de que la nueva ley actualiza su marco jurídico.

Ello tiene el fin, añadió, de asegurar así la permanencia de un modelo basado en un mayor control en el manejo de los recursos públicos, mayor eficiencia y transparencia.

La LTF es una muestra más del compromiso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con un gobierno eficiente, moderno y transparente , concluyó la dependencia.

El documento publicado en el DOF precisó que las disposiciones de esta nueva ley serán observadas por las dependencias, entidades, tribunales federales administrativos, dependencias y entidades paraestatales de las entidades federativas.

Así como también serán observadas por los poderes Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, los órganos constitucionales autónomos de la Federación y de las entidades federativas, los ayuntamientos de los municipios y las entidades paramunicipales, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Es decir, todo aquel que ejerza funciones de tesorería conforme a este ordenamiento, así como los servidores públicos y los particulares que realicen los supuestos previstos en dicha ley.

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