En el primer trimestre del año, el gasto del Ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas, mejor conocida como la caja negra del presupuesto, creció 49.9%, en términos reales y respecto del mismo periodo del 2017.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), este ramo ejerció un gasto total por 49,282 millones de pesos; mientras que en los primeros tres meses del 2017 erogó 31,210 millones de pesos constantes.

De los ramos generales, el 23 fue el que más elevó su gasto, y superó el total que se tuvo en los ramos autónomos que se conforman de 10 organismos como el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo gasto fue por 20,546 millones de pesos.

Marco Cancino, director general de Inteligencia Pública, comentó que si bien en un inicio, cuando se creó el Ramo 23, era para financiar gastos no previstos como desastres naturales, ante la falta de regulación, este ramo se convirtió en una especie de miscelánea del gasto público para los gobiernos locales.

Mencionó que a través del Ramo 23, al igual que los ramos 33 y 28, el gobierno federal hace transferencias a los gobiernos locales para que puedan solventar gastos en rubros como salud, seguridad y educación pública.

Sin embargo, aclara que el Ramo 23 no cuenta con políticas alineadas a los planes sectoriales, y los programas que se registran aquí carecen de reglas operacionales que permitan una mayor transparencia sobre los recursos que se les asignan.

“De alguna manera el Ramo 23 servía como una chequera para financiar la operación de programas. El problema es que los criterios que la Federación establece para gastar y operar son muy laxos, entonces, los gobiernos pueden gastar sin necesariamente una supervisión de los recursos”.

Proponen cerrar llave

Gerardo Esquivel, uno de los principales asesores económicos del candidato Andrés Manuel López Obrador, propuso regular el Ramo 23 para que ya no se gasten más recursos de los que se aprueban cada año en la Cámara de Diputados.

“El Ramo 23 es el que discrecionalmente usa la SHCP para castigar o premiar a los gobiernos estatales y que gasta más de lo que autoriza; eso se va a eliminar porque creemos que eso ha sido parte de la fuente de corrupción y una relación perversa entre el gobierno central y los gobiernos locales”.

A pregunta expresa de que si ganara López Obrador estarían considerando la creación de un Consejo Fiscal para tener una mejor supervisión de los recursos públicos, respondió:

“No estamos en contra de un Consejo Fiscal (...) Es una recomendación que vemos razonable, si se considera deseable avanzar en esa dirección no tenemos ninguna objeción, para esta administración hubiera sido bueno que se tuviera un organismo que señalara lo que se estaba haciendo en términos de finanzas públicas”.

Cambios a la ley

Al respecto, el director de Inteligencia Pública comentó que se debe reestructurar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), así como la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación, pues ambas leyes tienen ciertas lagunas que permiten tanto a la Federación como los gobiernos locales aprovecharse del Ramo 23.

“Estas leyes tienen criterios bastantes laxos con espacios de discrecionalidad que permiten a los gobiernos locales usar los recursos de manera ineficiente y sin consecuencias”.

Criticó que, por estas transferencias que reciben los gobiernos locales del Ramo 23, se ven pocos incentivos a generar sus propios ingresos para invertir en proyectos de productividad.

“Alrededor de 85% del gasto público de los gobiernos locales se financia con este tipo de transferencias, por lo que no hay verdaderos incentivos para generar ingresos propios (...) México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que menos recauda en el cobro de Predial, apenas representa 0.29% del Producto Interno Bruto”.

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