Frenan regulación al endeudamiento estatal

En un capítulo más del diferendo entre senadores y diputados federales sobre las atribuciones exclusivas en el tema, el pleno de la Cámara Baja rechazó el cambio aprobado por la Cámara Alta referente a la integración de una comisión legislativa bicameral, para autorizar u objetar la contratación de deuda de estados y municipios.

De última hora y luego de que la propuesta de Ricardo Villarreal García, hermano de Luis Alberto Villareal, coordinador de la diputación federal panista, de modificación del cuarto párrafo de la fracción VIII del artículo 73 incluido por los senadores no alcanzó la votación requerida para ser aceptada, procedió la eliminación de todo el párrafo por mayoría de votos.

El párrafo que se canceló precisaba la facultad del Congreso de la Unión para sancionar u objetar, a través de una comisión legislativa bicameral y en un plazo máximo de 15 días hábiles, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que, en su caso, pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías’’.

Así como que lo anterior aplicaría en el caso de los estados con o sin niveles elevados de deuda y también de los municipios.

El perredista Carol Antonio Altamirano calificó de lamentable que por falta de comunicación entre las cámaras del Congreso se llegara a un punto de conflicto’’, sobre todo porque más de 90% de la reforma en materia de deuda subnacional es positiva.

DOS OPCIONES

De acuerdo con la Constitución, explicó Ricardo Anaya, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores sólo tiene ahora dos alternativas: ceñirse a la modificación realizada por los diputados federales, en cuyo caso enviaría de inmediato la referida minuta a los congresos locales para su eventual ratificación en todos aquellos temas que fueron aprobados por ambas Cámaras del Congreso, o insistir en su propuesta de modificación.

En caso de que los senadores se decidan por la segunda opción, la reforma quedaría congelada en su conjunto, ya que el proceso legislativo establece para ese supuesto que el decreto no se podrá volver a discutir en el actual periodo de sesiones; es decir, el análisis en la materia tendría que iniciar nuevamente, en todo caso, en el siguiente periodo de sesiones ordinario.

Pese a los tirones entre senadores y diputados, la reforma, a decir de los propios legisladores, contribuirá a poner freno a los abusos de algunos gobiernos, que de manera irresponsable hipotecaron el futuro de varias generaciones.

La enmienda establece un mecanismo para acotar el crecimiento desproporcionado de la deuda de estados y municipios, además de que ahora tendrá un nuevo esquema al alentar su uso para impulsar el desarrollo y prohibir de manera categórica su utilización para financiar el gasto corriente. Se acotó también el manejo de la deuda de corto plazo, para que no se contrate en los últimos tres meses de cada administración.

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