Ante las transiciones pensionarias que los estados sufrirán en los siguientes años, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) propuso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la creación de un bono que permita su financiamiento.

De acuerdo con un análisis del BID, realizar reformas en un futuro a los 41 sistemas de pensiones estatales generará retos importantes de financiamiento para cada uno de ellos en las siguientes décadas, por lo que se requerirán ajustes fiscales y alternativas de financiamiento.

“Las alternativas de financiamiento” demandarán esquemas financieros innovadores, que permitan crear los incentivos necesarios para un buen manejo del pasivo pensionario”, señaló el BID.

Por ello, una de las alternativas que evaluó el BID es la emisión de bonos cupón cero, similares a los bonos Brady, los cuales son un instrumento financiero que emiten los países emergentes para reestructurar su deuda con los bancos comerciales extranjeros. 

(Los bonos) ayudarían a los gobiernos estatales a financiar su transición, manteniendo la transparencia del pasivo pensionario y logrando financiamiento con costos atractivos”, señaló el proyecto del BID.

El documento menciona que el perfil del instrumento para financiar las transiciones se entregó el pasado 31 de octubre a la Secretaría de Hacienda, pero la dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O respondió que “no tiene contemplado emitir este tipo de bonos”.

Cabe aclarar que la sugerencia del BID se da luego de que, en enero, la propia SHCP solicitó al organismo multilateral una Cooperación Técnica No Responsable para apoyar a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) en la determinación del límite máximo de las comisiones que cobran las afores.

En total, la cooperación es por 150,000 dólares y su objetivo es apoyar a las autoridades mexicanas a mejorar el funcionamiento de varios mecanismos financieros e institucionales de los sistemas de pensiones en México, incluyendo el esquema de comisiones dentro del sistema de contribución definida, análisis de alternativas para el financiamiento de esquemas públicos estatales, así como alternativas para mejorar la interoperabilidad de los sistemas estatales existentes en el país”, explicó el organismo financiero internacional.

Reforma no incluyó medidas para los estados

El documento del proyecto del BID destaca que el año pasado, en México se aprobó una reforma de pensiones, la cual disminuyó el umbral de las semanas de cotización de los trabajadores, además de aumentar las aportaciones para el retiro y ampliar los beneficios mínimos obtenidos por los trabajadores.

Las semanas de cotización se redujeron de 1,250 a 750 semanas, mientras que a partir del 2023 la aportación de los trabajadores pasará de 6.5 a 15%, además de aumentar la pensión mínima garantizada.

No obstante, el BID destacó que la reforma no incluyó medidas para que los sistemas de pensiones de los gobiernos subnacionales se consoliden con el sistema nacional, aún cuando la mayoría de éstos enfrentan una situación financiera compleja.

“En el caso de los sistemas de pensiones estatales, el gobierno federal ha incrementado su financiamiento y es muy probable que lo siga haciendo en los años por venir. Esta distribución de recursos requerirá de información clara y consistente que permita dimensionar el tamaño de los pasivos pensionarios que se tienen en este rubro. La heterogeneidad de los sistemas y las condiciones financieras que enfrentan, requieren apoyos diferenciados en cada caso”, se puede leer en el documento.

Desafíos

En general, el análisis del BID concuerda con varios estudios que se han hecho en otras instituciones y organizaciones, que apuntan que la población que se incorporó al mercado laboral a partir de 1997 tendrá dificultades para poder acceder a una pensión digna.

“El sistema de pensiones mexicano enfrenta desafíos muy importantes dado el rápido envejecimiento demográfico, las características del mercado laboral mexicano y las deficiencias del diseño institucional de los sistemas de pensiones que coexisten hoy en día. México se encuentra inmerso en una transición demográfica caracterizada por un envejecimiento acelerado”, apuntó el BID.

En este sentido, calculó que el porcentaje de la población mayor de 65 años pasará de 10 a 20% del total entre el 2030 y el 2050, lo cual genera la urgencia de tener los recursos necesarios para hacer frente a la demanda de pensiones en el futuro.

“Las falencias principales que impedirían a más personas tener una pensión al momento del retiro serían fundamentalmente un umbral elevado de los requisitos para obtener una pensión, como la insuficiencia de ahorro para poder financiar una pensión. Asimismo, la falta de coordinación de los mecanismos para complementar las pensiones entre sistemas existentes”.

ana.martinez@eleconomista.mx