Sindicatos y especialistas alertan sobre relevo en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral

Agrupaciones sindicales de distintas corrientes ideológicas, junto con investigadores y especialistas en derecho del trabajo, manifestaron su inquietud ante la proximidad del vencimiento del periodo legal de la actual administración del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), fijado para el último día de julio, sin que hasta el momento se haya formalizado la presentación de una propuesta de terna ante el Senado de la República para normar la designación correspondiente.

De acuerdo con los documentos emitidos por los integrantes del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral de 2019 y por la Mesa de Diálogo Sindical, el mandato del actual titular de la dirección general, Alfredo Domínguez Marrufo, concluye formalmente el 29 de julio. La falta de una definición institucional en los tiempos parlamentarios abre la posibilidad de un periodo de transición sin una conducción ratificada, en un organismo considerado el eje operativo del nuevo sistema de justicia laboral del país.

El marco legal derivado de la reforma constitucional en materia laboral mandata que corresponde a la titular del Poder Ejecutivo Federal proponer la terna de candidatos para que la Cámara de Senadores efectúe la elección del director general. Ante este panorama, los sectores firmantes han coincidido en señalar la relevancia de asegurar estabilidad en la conducción del organismo de registro sindical para evitar alteraciones en los procesos de elecciones internas y gestiones contractuales en curso.

Por primera ocasión en la historia reciente de la administración laboral mexicana, centrales obreras de orígenes e intereses gremiales diversos, que abarcan desde representaciones corporativas tradicionales hasta organizaciones sindicales independientes, se han pronunciado de manera unánime con el objetivo de solicitar la permanencia del actual director, Alfredo Domínguez Marrufo, para un segundo periodo al frente del ente federal.

A este posicionamiento se sumaron los colegios de abogados laboralistas y académicos vinculados al seguimiento de la reforma, quienes argumentan que a la gestión vigente le correspondió la edificación administrativa, operativa y tecnológica del organismo a partir de lo dictado por la reforma laboral de 2019, lo que incluyó el traslado de los expedientes físicos de las antiguas Juntas de Conciliación y Arbitraje y la implementación de la legitimación de contratos colectivos.

Los análisis presentados por los promoventes refieren que la conservación de la línea técnica en el organismo busca salvaguardar la autonomía de gestión frente a potenciales presiones de sectores que pretenden intervenir en los registros sindicales o en la emisión de las tomas de nota, factores indispensables para el cumplimiento continuo de las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en el capítulo sociolaboral del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.