El Fisco Federal de Brasil ya comenzó a cobrar impuestos sobre la propina y las ganancias ocultadas por los delatores de la Operación Lava Jato. El argumento es que, si ellos recibieron recursos ilegalmente, tienen que pagar impuesto de renta y multa de hasta 200%, aunque el dinero sea devuelto en los acuerdos de colaboración.

El primero en ser procesado fue el cambista Alberto Youssef, a quien el Fisco cobró más de 1 mil millones de reales en impuestos de renta y multa referentes a la persona física y sus empresas. El ex gerente de Servicios de la Petrobras, Pedro Barusco, fue multado con 59.3 millones de reales. Otro delator en la mira del Fisco es el ex director de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa. En algunos casos, como lo de Barusco, el Fisco ya envió datos a la Procuraduría General de la Hacienda Nacional (PGFN) para el cobro judicial y bloqueo del patrimonio.

El Fisco ya inició también acciones contra el ex senador Delcídio do Amaral, el lobista Júlio Camargo y el operador Rafael Angulo Lopes, todos ellos delatores del Lava Jato. Dalton Avancini, ex presidente de Camargo Corrêa, Eduardo Leite, ex vicepresidente de la constructora, y João Bernardi Filho, ex ejecutivo de Odebrecht, se encuentran entre los notificados para presentar aclaraciones, el primer paso del proceso.

En el caso de Bernardi, el Fisco quiere saber si los inmuebles y obras de arte que acordó devolver, con un valor total de 10 millones de dólares, fueron declarados y tributados. Aunque el empresario ha argumentado que los cuadros pertenecían al ex director de Servicios de Petrobras, Renato Duque, el Fisco quiere verificar la información.

Ante estas acciones del Fisco, los abogados de los delatores trabajan en argumentos jurídicos para sostener que los acuerdos de delación con el Ministerio Público Federal (MPF) también deben redimir a los colaboradores de penalidades fiscales. Una cuestión parecida enfrentan las constructoras que acordaron indulgencias con el MPF en el Lava Jato, y que ahora intentan librarse de las medidas administrativas del Ministerio de la Transparencia y de la Abogacía General de la Unión, como declaraciones de idoneidad y el cobro de valores en acciones de mala conducta administrativa. Uno de los frentes de argumentación de la defensa de los delatores es recurrir al derecho comparado, principalmente al americano, para insistir en que el acuerdo de delación tiene un amplio alcance, más allá del área penal.

"El delator hace un acuerdo criminal, pero queda con la situación civil y tributaria en un frente abierto. La situación del colaborador, si también tiene que pagar tributo, es terrible", dijo el abogado Marlus Arns de Oliveira, que defiende a varios delatores del Lava Jato, entre ellos a Eduardo Leite, Dalton Avancini y a João Bernardi Filho. El abogado afirma que si sus clientes son condenados administrativamente a pagar impuesto y multa, será necesario recurrir a la Judicatura para cuestionar el cobro. "Entendemos que las cuestiones fiscales y civiles tienen que estar comprendidas en el acuerdo hecho en el ámbito criminal", sostiene. El abogado también argumenta que, como los acuerdos preven la devolución de dinero, el impuesto ya estaría incluido en la cantidad devuelta.

En el caso de Alberto Youssef, la colaboración prevé la pérdida total del patrimonio, incluyendo inmuebles y dinero en dos cuentas en el exterior, con la excepción de los bienes cuya propiedad se atribuye a sus hijas y su ex mujer. El valor declarado por Youssefen el acuerdo suma cerca de 55 millones de reales. Pedro Barusco se comprometió a devolver 97 millones de dólares. La delación de Paulo Roberto Costa prevé el pago de 70 millones de reales. Los primeros acuerdos del LavaJato nada dicen sobre la situación tributaria de los delatores. Recientemente, el Ministerio Público afirmó que el colaborador no está liberado de enfrentar sus problemas fiscales.

En declaraciones al diario Valor Económico, el Fisco afirmó por medio de su asesoría de prensa que trabaja "fiscalizando a todos aquellos contribuyentes que se encuadren en los parámetros legales de tributación". Según el órgano, "todo incremento patrimonial u omisión fiscal sin justificación, independientemente de si el contribuyente sea delator o no, será tributado en los términos de la legislación de cada tributo". El Fisco ya está cobrando 11 mil millones de reales a las personas físicas y jurídicas envueltas en el Lava Jato, incluídos los delatores.

El procurador Daniel de Saboia Xavier, coordinador general de grandes deudores de la PGFN e integrante de la fuerza de tarea del Lava Jato, defiende que los delatores deben ser tributados porque el impuesto incide en el momento de la "disponibilidad económica", es decir, la entrada de recursos en las manos del contribuyente, sean ellos lícitos o ilícitos. "Lo que acontece con los recursos posteriormente es irrelevante para fines de tributación", afirma.

En consonancia, la devolución del dinero no es suficiente para extinguir el débito tributario. "En el momento en que la persona recibió la propina, hubo la disponibilidad del valor, por lo tanto se aplica el impuesto a la renta. Si después la persona manda el dinero al exterior o lo devuelve, eso no anula la incidencia del impuesto."

El cobro de tributos a los delatores del Lava Jato generó discusiones entre el Fisco y el Ministerio Público. Algunos auditores habían considerado que si se devuelve el dinero, no habrá suficientes activos para pagar el impuesto y la multa. Sin embargo, prevaleció la conclusión de que, con el aporte de recursos, incluso si es el soborno, la administración tributaria queda legalmente obligado a actuar para cobrar su parte.