A nueve días de que se publicara la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2013 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se hizo una corrección por medio de una fe de erratas.

En la primera sección de la página 10 en el último párrafo de la LIF se hizo una precisión sobre la participación de la Secretaría de Hacienda en la forma en que se está enfrentando el problema de los defraudados de las cajas de ahorro.

La corrección la hizo la Cámara de Senadores, que el parecer fue responsable del error, y llama la atención porque desde hace mucho tiempo que no se hacía una fe de erratas en una LIF ya publicada en el DOF. Se establece que en la ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamos y de Apoyo a sus Ahorradores será la Secretaría de Hacienda, por conducto del área responsable de la banca y ahorro, la que continuará con la instrumentación, fortalecimiento y supervisión de las acciones o esquemas que correspondan para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento de los ahorradores afectados.

Y además en la fe de erratas se agregó la palabra que en caso de que con base en las acciones o esquemas que se instrumenten conforme al párrafo que antecede sea necesaria la transmisión, administración o enajenación, por parte del Ejecutivo federal, de los bienes y derechos del fideicomiso referido en el primer párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto indicado en el párrafo anterior, las operaciones respectivas, en numerario o en especie, se registrarán en cuentas de orden, con la finalidad de no afectar el patrimonio o activos de los entes públicos federales que lleven a cabo esas operaciones.

Hay que recordar que uno de los casos más sonados de fraude a ahorradores de cajas populares se dio en el 2000, cuando diversas entidades establecidas en Colima, Guadalajara y Veracruz no cumplieron con sus socios.

El responsable fue el dueño de las entidades de ahorro José Cirilo Ocampo Verdugo, conocido como JOV, a quien la PGR le confiscó 48 inmuebles, seis cuentas bancarias, nueve empresas y cinco aeronaves. Fue condenado a 17 años de cárcel por el delito de lavado de dinero y delincuencia organizada, ya que se le vinculó con el cártel de Colima. JOV se encuentra pagando una pena en el Reclusorio Norte de la ciudad de México.

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