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Riesgo sísmico expone fragilidad financiera y urbana de la Ciudad de México

Se estima que la reconstrucción de la capital, luego de un sismo catastrófico, podría costar entre 18,000 y 22,000 millones de pesos

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Foto: eSPECIAL

Samanta Escobar

La Ciudad de México enfrenta un riesgo sísmico permanente que trasciende el ámbito de la seguridad estructural de las edificaciones y abarca la capacidad financiera para responder a una catástrofe. Expertos advierten que la reconstrucción tendría implicaciones profundas en las finanzas públicas y en la actividad inmobiliaria.

De acuerdo con Naxhelli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, México cuenta con una cobertura de seguro ante catástrofes por 5,400 millones de pesos, además de bonos catastróficos por 595 millones de dólares.

No obstante, los recursos resultarían insuficientes frente a un escenario severo. Las estimaciones apuntan a que la reconstrucción únicamente de la Ciudad de México podría requerir entre 18,000 y 22,000 millones de pesos.

“¿Qué es más caro entre reconstruir y prevenir? Cuando ocurra un sismo, será infinitamente más costoso reparar. Por la posición económica que tiene la capital, el costo de recuperación no se medirá en miles de millones de pesos, sino en puntos del PIB”, comentó Ruiz durante una mesa de diálogo con el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).

Vulnerabilidad estructural

El riesgo no solo está vinculado a la intensidad de los sismos, sino a las condiciones del parque habitacional. Un estudio reciente de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos encontró que 70% de las edificaciones de la alcaldía Cuauhtémoc fueron construidas antes del sismo de 1985, un dato que subraya la exposición de una de las zonas con mayor densidad urbana y valor histórico.

“No se va a demoler el patrimonio histórico, pero la forma en la que están las estructuras existentes, muchas de las cuales ya cumplieron por mucho su vida útil y están fatigadas por la actividad sísmica, es un problema social muy serio”, añadió Ruiz.

Este diagnóstico abre un debate complejo sobre cómo reforzar estructuras antiguas sin afectar el valor patrimonial ni desplazar a la población, en una ciudad donde el suelo es escaso y costoso.

Impacto en el mercado inmobiliario

Desde la perspectiva urbana y financiera, los sismos también generan efectos inmediatos en el mercado inmobiliario.

Julio César Fuentes Quezada, consultor en Economía Urbana, explicó que la clave está en priorizar la inversión preventiva, ya que por cada dólar invertido en prevención de riesgos se pueden ahorrar hasta 15 dólares en la recuperación posterior a un desastre.

El especialista añadió que existe un impacto directo sobre los precios de los inmuebles en el corto plazo. Tras un sismo relevante, se genera una expectativa de ajuste a la baja en los valores de las propiedades, impulsada por la incertidumbre de los propietarios y compradores.

“La población damnificada, además de afectada, tiene la gran incertidumbre de no saber qué va a pasar con su casa. No hay mecanismos para financiar de manera transparente la reconstrucción. Lamentablemente, los gobiernos no han demostrado ser capaces de hacer un gasto transparente y eficiente de los recursos públicos”, dijo Fuentes.

Prevención y planeación urbana

Hoy en día, ciudades como Nueva Delhi o Beijing cuentan con programas masivos de reforzamiento estructural, una estrategia que la Ciudad de México no ha implementado de forma integral, en parte por los altos costos, los problemas de transparencia y la falta de incentivos financieros.

“Debemos quitarnos la idea de que las herramientas de gestión de riesgo de desastre son solo para la emergencia, la mayor parte debería estar en la prevención. Esto requiere no solo un cambio fiscal importante, sino voluntad política y de administración pública para innovar”, sostuvo Ruiz.

El momento resulta especialmente relevante, ya que está por discutirse el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México y el Plan General de Ordenamiento Territorial. En este contexto, Fuentes destacó la necesidad de fortalecer los ingresos locales mediante diversos instrumentos, como la captura de plusvalías para financiar obras públicas de prevención.

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